Con el fin de reunir todos los elementos posibles para robustecer, fundar y motivar la iniciativa de ley que el mes pasado presentó la Diputada Ernestina Castro Valenzuela, tendiente a garantizar la autonomía e independencia presupuestarias del Poder Judicial del Estado (PJE), se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo con la presencia de funcionarios de dicho ente jurisdiccional y diputados integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Justicia y Derechos Humano, ambas del Congreso del Estado.

El Lic. Alejandro Bustamante Silvas, Secretario Ejecutivo de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), presentó un documento que constituye un escenario estadístico de los resultados en la celeridad de los procedimientos del PJE y un informe sobre el sentido político-social-económico en que va a incidir una reforma de esta naturaleza.

La Oficial Mayor del STJ, Lic. Josefina Sánchez Reyes, expuso la situación del PJE desde la óptica del área administrativa: primeramente, se tiene una escasez presupuestaria, que se traduce en restricciones en la prestación de los servicios, la dificultad para implementar reformas legislativas necesarias; y métodos de trabajo anticuados y lentos, lo cual obstruye y entorpece la transición de un sistema judicial tradicional hacia un sistema judicial de oralidad que pretende dar respuestas más puntuales y eficaces a los usuarios del servicio de impartición de justicia.

"También hay urgencia de nuevas propuestas de infraestructura, ya que frente al aumento creciente de las cargas de trabajo para atender el mandato constitucional de los nuevos sistemas de oralidad, hemos tenido que migrar de los modelos tradicionales a propuestas más acordes a los tiempos que se viven, sujetos a tiempos y condiciones que se fueron aplazando hasta llegar a un punto de no poder conciliar la disponibilidad de recursos con las exigencias de tener, en tiempo y forma, los espacios disponibles para hacer frente a una demanda que ha crecido exponencialmente a mucha mayor velocidad que la infraestructura creada".

Por su parte el Lic. Luis Fabián Ramírez Mendoza, Coordinador General de Gestión Judicial del STJ, comentó que los compromisos constitucionales que enfrenta el Poder Judicial del Estado, que se traducen en retos, son básicamente en la actualidad tres: la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la Reforma Mercantil y la Reforma Laboral que, por mandato constitucional, es ineludible para las entidades federativas implementar y generar las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda contar con estos servicios, con los nuevos principios y los ejes rectores que las mismas leyes marcan.

"Las restricciones presupuestales históricamente han generado que los procedimientos a través de los cuales se imparte justicia sean retardados, dilatados, que sea en realidad difícil para el ciudadano acceder en todos los casos a la justicia como un derecho humano, entre lo que destaca que sea pronta y completa. Las realidades nos han rebasado".

El Diputado Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, comentó que, cuando la legisladora Castro Valenzuela presentó la iniciativa de ley, todas las bancadas se alegraron, ya que desde ese momento se dieron cuenta de que atendía a las necesidades que se tienen en el sistema de justicia, que redundan en la falta de recursos para que se proporcione lo que requiere el sistema judicial, para hacerle justicia al justo.

Presentes en la mesa de trabajo estuvieron los también diputados Griselda Lorena Soto Almada, María Alicia Gaytán Sánchez, Leticia Calderón Fuentes, así como asesores de algunos integrantes de las comisiones.