Mgdo. Max Gutiérrez Cohen, Lic.Amado Estrada, magistrados Ignacio Islas Contreras, Miguel Ricardo Quintana Tinoco y Sandra Luz Verdugo Palacios; Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado; Mgda. Irma Meza Vega, Dip. Juan Manuel Sauceda Morales, presidente del Congreso local y los magistrados Francisco Gutiérrez Rodríguez y  Rolando Antonio Zayas Antillón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al asumir la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, lo hice convencido de que la  conducción del Poder Judicial requiere de la unión de esfuerzos, de un alto sentido de responsabilidad y de compromiso para avanzar en la impartición de justicia. 
Consideramos que la evolución de la sociedad y los movimientos vertiginosos que se presentan y que se traducen en una creciente y cada vez más compleja demanda de justicia, requieren no sólo de visiones locales o parciales, sino de una conceptuación de los fenómenos sociales y judiciales, para la definición de las políticas, la estructuración y el fortalecimiento del trabajo en cada una de las áreas.

Nuestra visión de lo que es Sonora y su Poder Judicial, la sustentación de los avances y la equilibrada apreciación de los problemas y los retos, debe estarse nutriendo continuamente de la información, el estudio y la experiencia con el fin de realizar las acciones necesarias en diversos ámbitos, para mejorar la impartición de justicia.

Así, trabajamos conforme a políticas de carácter interinstitucional a nivel nacional y en el Estado de Sonora, y concentramos al interior de los tribunales y de la administración, la aplicación de esfuerzos en múltiples líneas de trabajo.

A nivel nacional, tenemos relación con los Poderes Judiciales de los Estados y el Poder Judicial de la Federación, mediante lazos de colaboración y la realización de proyectos que se traducen en beneficios concretos para la impartición de justicia en Sonora.

Es claro que en la República Mexicana cada uno de los poderes judiciales tiene su propia historia, sus logros y problemáticas, tanto en el contexto de sus relaciones con otras instituciones, como al interior de las estructuras administrativas y jurisdiccionales.

En nuestra integración en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, hemos cultivado durante años  importantes relaciones de trabajo y de amistad con Magistrados y Presidentes de los Tribunales de la República. 

En el 2007 tuvimos 10 reuniones en las que abordamos temáticas relevantes, como las de la reforma judicial, capacitación, contraloría, fondos auxiliares, justicia alternativa, informática, planeación y presupuestación.

Además, tenemos en proceso el establecimiento de la Red de Escuelas Judiciales, y el diseño de programas de capacitación y especialización, entre los cuales destacan cursos para la aplicación de las próximas reformas constitucionales en materia penal.

Asimismo, en la Comisión obtuvimos la aprobación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de un fondo de 300 millones de pesos para ser distribuido entre los Poderes Judiciales de los Estados durante el 2008, conforme a reglas de operación que están en proceso de elaboración.
 
En los Poderes Judiciales ha cobrado vida el interés y la necesidad de hacer valer la voz de los magistrados y los jueces en torno de los sucesos que afectan la función jurisdiccional y en los procesos de reformas legislativas en materia de justicia.
 
 En otro aspecto de nuestras relaciones interinstitucionales, se formó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en la cual estamos integrados los poderes judiciales locales, el Poder Judicial de la Federación y los impartidores de justicia de las diversas materias, misma asociación que empezó a gestarse desde el año 2005 en la primera reunión que se celebró en Jurica, en el Estado de Querétaro.  Desde entonces, participamos en las 6 reuniones que se han celebrado, destacando los trabajos relativos al gobierno judicial y a la reforma del amparo directo.

En la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo del Estado, que encabeza el Gobernador Ingeniero Eduardo Bours Castelo, la comunicación es siempre inmediata, con espíritu constructivo y en un ambiente de respeto; por ello, ha sido constante la unión de esfuerzos para avanzar con certidumbre y confianza en las instituciones de justicia. 

Muestra de lo anterior, es el trabajo que ha fructificado en la elaboración de proyectos de reforma  y de nuevas leyes. Uno de los ejemplos más recientes, es la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

Además, formulamos los proyectos para las reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en todo lo relativo a la creación del nuevo Consejo de la Judicatura, y estamos trabajando en cumplimiento al Convenio suscrito por los tres Poderes, para la reforma integral al sistema de justicia penal. 

Conforme a este convenio, a través de la Comisión formada para cumplirlo, estamos en la elaboración de los proyectos legislativos, con plena información de los procesos de reforma a la Constitución Federal, a leyes de otros Estados de la República y de diversos países, pero además, no sólo debemos analizar lo que a sus estructuras legales se refiere, sino también el funcionamiento real de los sistemas, con sus avances, sus problemáticas y aspectos críticos. 

 

El eje rector en estos trabajos es la responsabilidad y la honestidad intelectual en cuanto al análisis de la información y la formulación de las propuestas necesarias y viables,  porque debemos responder a Sonora con el mejor de los propósitos y el máximo de los cuidados en la elaboración de cada uno de los proyectos legislativos.

Está de por medio el sistema penal y la seguridad pública, y todo esto tiene que ver con el diseño del procedimiento penal, desde el trabajo de las corporaciones de Policía, la investigación de los delitos, las funciones del ministerio público, el debido proceso a los inculpados, la reparación del daño a la víctima, la protección a la misma y en su caso, a testigos, y la observancia de las garantías judiciales y la seguridad y estabilidad de los jueces en su desempeño. 

Esto implica no detenerse en la visión de la superficie o en la apariencia de las fórmulas legales y de sus prácticas en cualquier entidad o país extranjero, pues hay que ir al conocimiento de las realidades y de los procesos legislativos, dándole seguimiento a los mismos, ya que no han concluido.  Así, se observa que los fenómenos delictivos y la inseguridad pública,  motivan o ejercen presión para la modificación de las leyes, como sucede en las reformas procesales aprobadas por legisladores de Chile a finales del 2007, en la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, en la cual, entre otras cosas, se endurece la prisión preventiva, y asimismo, están las reformas al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, publicadas el 29 de diciembre de 2007, en las que se determinan los delitos graves por los cuales siempre deberá decretarse la prisión preventiva.  Además, debemos estar atentos a las reacciones en diversos Estados ante la violencia de la delincuencia organizada, lo cual implicará modificaciones a la legislación penal.   

Cada entidad de la república, la federación misma y otros países tienen sus propios procesos, todos procuramos el desarrollo de las instituciones de justicia y avanzar en la seguridad pública, en el entendido de que los propios procesos son complejos y requieren la debida comprensión, ya que de no ser así, se lleva el riesgo de quebrantos y contrarreformas, que se traducen en vulnerabilidad social. 

En cuanto a los proyectos de ley que se encuentran más avanzados en la Comisión, está el de la ley de medios alternos de solución de conflictos, que contempla la mediación penal, con estructuras definidas a cargo del Poder Judicial del Estado y de la Procuraduría General de Justicia, para la prestación de este servicio.

Asimismo, el proyecto de ley para la atención y protección de las víctimas de los delitos, en el que se pretende establecer de forma precisa las obligaciones de las instituciones que deben prestar atención a la víctima, y además, las funciones específicas que debe comprender la asesoría jurídica a la víctima, ya prevista como garantía constitucional.   

Respecto de estos proyectos, es necesario contemplar los presupuestos que se requerirían para establecer centros de mediación y para dotar de asesores a las víctimas con el objeto de hacer efectivos sus derechos a la protección, el auxilio y el apoyo jurídico necesarios para la reparación del daño.

En otro aspecto, es importante señalar nuestra comunicación y reuniones con las asociaciones de abogados, en las cuales escuchamos y conocemos sus observaciones y propuestas, además de que informamos sobre nuestro trabajo y proyectos con miras a mejorar la impartición de justicia. 

Asimismo, con las universidades e instituciones de educación en el derecho, colaboramos y participamos en conferencias y foros diversos.

PRESIDENCIA.

En el año que se informa se realizaron 35 sesiones de Pleno y se emitieron 7 acuerdos generales.

Se radicaron y se dio trámite a 1,325 tocas de apelación penales y 367 civiles.  Se atendió la presentación de 241 amparos directos y se proveyó a la rendición de informes correspondientes a 78 amparos indirectos.

Por otra parte, participamos en 162 eventos consistentes en actos, ceremonias y congresos.

Además, atendimos en la Presidencia 1,283 audiencias de una o más personas, y participamos en 13 eventos consistentes en conferencias, talleres y presentación de libros.

Por otra parte, el Consejo del Poder Judicial del Estado realizó el proceso legal para determinar lo correspondiente a la ratificación, de 2 magistrados regionales de circuito y de 26 jueces de primera instancia, con motivo del vencimiento en el ejercicio de sus cargos.  Al concluir dicho proceso, fue ratificada una magistrada y 21 jueces de primera instancia.

LÍNEAS DE TRABAJO

Con el fin de lograr la observancia de la garantía establecida en el artículo 17 constitucional, que exige que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial, desarrollamos las siguientes líneas de trabajo.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIALES

Desde el inicio de nuestra gestión y hasta la fecha, programamos y realizamos cursos, talleres y conferencias, sin precedentes en la historia del Poder Judicial del Estado, porque sabemos que estas actividades son indispensables para mejorar en todos los aspectos los servicios de la judicatura, desde la primera atención que reciben los ciudadanos y los abogados, hasta la emisión de las sentencias, en las que debemos elevar la calidad, máxime cuando se trata de asuntos complejos.  En razón de ello, contamos con la colaboración de distinguidos juristas, de magistrados federales y locales y de prestigiados profesores que realizaron  las actividades dirigidas a los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos.
 
Durante el 2007 tuvimos 76 actividades consistentes en cursos, talleres y conferencias, en 194 días, con el registro de participación de 916 servidores públicos.  Esto aunado a la programación cumplida en el 2006, suma un total de 148 actividades académicas, a poco menos de 2 años de iniciada nuestra gestión y  toda la información relativa aparece en nuestra página de internet.
 
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

Durante el año que se informa se construyó el edificio para albergar dos juzgados penales en Ciudad Obregón, con espacios amplios y suficientes, y con el mismo criterio de dignificación de los lugares de trabajo, se hicieron las remodelaciones y adecuaciones donde abrimos los Juzgados Séptimo Penal de Hermosillo, el Mixto de Primera Instancia de San Luis Río Colorado, y el tercero de lo Familiar de Hermosillo. 

Asimismo, se remodeló el edificio donde operan los juzgados Primero y Segundo de lo Penal de Nogales, y el espacio para el Juzgado especializado en Justicia para Adolescentes.  

Además, adecuamos el nuevo inmueble donde funciona el Juzgado Mixto de Álamos y destaca la restauración completa de una de las antiguas casas de Hermosillo, donde se ubica Visitaduría Judicial y Contraloría. 

También se remodeló el Segundo Tribunal Colegiado Regional de Hermosillo y el exterior del edificio de los Juzgados Penales de Hermosillo.

Está por concluirse la construcción del edificio que albergará el Juzgado Octavo de lo Penal de Hermosillo y la remodelación de las áreas donde se encontraban los juzgados primero, segundo y tercero Penal de Ciudad Obregón, en las cuales quedarán ubicados dos de los juzgados penales con espacios amplios. 

En cuanto al equipo de trabajo, desde el inicio de nuestra gestión hasta la fecha, se han adquirido 512 computadoras, 396 impresoras y material diverso que aunado al que ya se tenía, cubre las necesidades de los juzgados del Estado.

Para eficientar el trabajo, sobre todo en materia penal,  adquirimos 41 vehículos de tipo económico, los cuales se utilizan en todo el Estado por actuarios y notificadores, lo que redunda en la agilización de los procedimientos, pues antes las citaciones penales se realizaban mediante oficios que se dirigían a las corporaciones de policía.

SERVICIOS DE CÓMPUTO

En esta materia se avanzó en sistemas de segunda instancia; del libro electrónico penal ya instalado en los juzgados penales de Hermosillo; se instaló el sistema de control presupuestal en la Dirección de Contrabilidad y Presupuesto y se trabaja en un nuevo sistema de listas de acuerdos que se encuentra en etapa de ajuste como plan piloto en el Juzgado Tercero de lo Familiar de Hermosillo.  Además, se instalaron redes locales en diversas áreas administrativas y juzgados.

En materia de estadística, se han mejorado los sistemas de captura y de concentración de la información de los datos correspondientes a los procesos judiciales, mismos que se publican con mayor prontitud en nuestra página de internet.  A la fecha actual, ya se encuentra publicado el Anuario Estadístico 2007.

Por otra parte, a través de la Unidad de  Apoyo se realiza la publicación del Boletín de Información Judicial, de listas de acuerdos de los tribunales, se ofrecen los servicios de la biblioteca jurídica virtual y se difunde a los tribunales información de carácter legal, bibliográfico y jurisprudencial.  

VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES.

El Poder Judicial debe ser ejemplo de la plena observancia de los principios de honestidad, de responsabilidad y de cumplimiento de las funciones que tiene conferidas.

La Visitaduría realizó 130 revisiones ordinarias a todos los tribunales regionales y juzgados de primera instancia y 6 extraordinarias. 

Debemos dejar muy clara nuestra preocupación y atención en los asuntos en los que hay dilación, sea por causas de litigio, de la complejidad del mismo, pero sobre todo cuando son atribuibles al personal jurisdiccional. 

Por ello, hemos intensificado el trabajo de visitaduría judicial para detectar las dilaciones injustificadas de procesos, y para evitarlas  redoblaremos las medidas administrativas, en la inteligencia de que los jueces y los secretarios de acuerdos tienen definidas en la ley sus obligaciones para el control y desahogo oportuno de los procedimientos. 

En el área de contraloría se realizaron 23 revisiones de valores a los Juzgados, 13 revisiones a la contabilidad del Supremo Tribunal de Justicia y 12 al Fondo para la Administración de Justicia. 

En relación  con las quejas interpuestas contra servidores públicos ante la Visitaduría Judicial y Contraloría, se recibieron 25, de las cuales se resolvieron 6; en 12 casos se declaró incompetencia, 2 se desecharon y 5 se encontraban en trámite al 31 de diciembre.

Durante el ejercicio del 2007, en  la Comisión de Disciplina del Supremo Tribunal de Justicia, se recibieron y atendieron 35 quejas administrativas respecto de la actuación de jueces y magistrados regionales de circuito, de las cuales se resolvieron 24, en 2 hubo desistimiento; 2 se encontraban en aclaración; 6 en trámite y una citada para resolución.

Durante el período que comprende este informe, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización realizó la auditoría a la gestión financiera y a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Poder Judicial, correspondiente al ejercicio 2006, emitiendo 7 observaciones, mismas que fueron solventadas oportunamente.  Cabe señalar que el ejercicio presupuestal se apegó estrictamente a la normatividad y existe la documentación comprobatoria de todos y cada uno de los egresos.      

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En esta materia, cumplimos con los ordenamientos vigentes, y hacemos esfuerzos por mejorar nuestros sistemas de información interna y estadísticos, para ponernos a la vanguardia. 

En el 2007 se presentaron 144 solicitudes de información, todas las cuales fueron atendidas de manera oportuna, emitiendo la respuesta correspondiente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión alguno.
 
En cuanto a la información que aparece en nuestra página de internet, el 15 de noviembre del 2007, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública dio a conocer los resultados del estudio denominado “La Métrica de la Transparencia en México”, en los cuales se establece que el Poder Judicial del Estado de Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional.

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

MATERIA PENAL

Dada la relevancia de los procesos penales, al realizar las diversas acciones ya mencionadas, para eficientar el trabajo de los juzgados, logramos resultados positivos.

En el 2007 se radicaron 10,761 asuntos; se giraron en primera instancia 6,200 órdenes de aprehensión y se negaron 1,096; se giraron 785 órdenes de comparecencia, se negaron 73; se dictaron 8,417 autos de formal prisión, 284 autos de sujeción a proceso y 873 autos de libertad; además, se proveyó sobre la solicitud de 1,369 cateos y 991 arraigos.  En lo general las resoluciones anteriores se emitieron dentro de los términos o plazos que establece la ley, atendiendo con prioridad los casos de urgencia. 

Como ya se señaló, en el año 2007 se radicaron en todo el Estado 10,761 asuntos penales con uno o más inculpados.  En el año 2006 se radicaron 9,751 asuntos.

Esto es, en el 2007 ingresaron 1,010 asuntos más que en el 2006, equivalente a un 10.36%.

En el 2007 se concluyeron antes de sentencia 3,374 expedientes y se emitieron 6,741 sentencias.  En el año 2006 se concluyeron antes de sentencia por diversas causas 3,528 expedientes y se emitieron 5,382 sentencias.

  Esto significa que en el 2007 se emitieron 1,359 sentencias más que en el 2006, lo que implica un incremento del 25.25%.

Dimos un impulso importante a los procesos que se siguen en la vía sumaria, los cuales duran por lo regular de uno a 3 meses, para concluir con sentencia. 

En el 2007 se siguieron en la vía sumaria 1,882 casos, y se dictó sentencia en 1,349 expedientes.  En el 2006 se tramitaron en la misma vía 1,259 expedientes y se dictó sentencia en 559 expedientes.

Las diferencias son favorables, ya que en el 2007 tuvimos 790 sentencias más que en el 2006, lo cual significa un incremento de 141% en sentencias de juicios sumarios.

En el 2007 se cerró con 3,623 expedientes en trámite mientras que en el 2006 cerramos con 3,859 en trámite, no obstante que como ya se señaló, el incremento de asuntos durante el 2007 fue de 1,010 expedientes.

Un último dato, es el hecho de que la cantidad de asuntos penales en trámite en todos los juzgados de primera instancia, con los que se cerró el 2007, equivale al ingreso promedio de los últimos 4 meses del mismo año.

Es importante analizar las estadísticas de los diversos Estados de la República y de otros países, relativas tanto a los procedimientos ordinarios, como a los sumarios o abreviados y a los orales, para tener una comparación de estos indicadores.

En los distritos judiciales en que se tiene sobrecarga de asuntos, continuaremos aplicando todas las medidas y el trabajo necesario para reducir al máximo el número de procesos en trámite, lo cual demostramos que es realizable, independientemente de los beneficios que se obtengan mediante reformas legales y la creación de nuevos juzgados en distritos con sobrecarga.

En relación con la segunda instancia en materia penal, el Supremo Tribunal de Justicia y los cuatro Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, registraron 5,675 tocas de apelación; se emitió resolución en 4,246 casos y al cierre del año se encontraban en trámite 1,146. 

En contra de las resoluciones penales de segunda instancia se interpusieron 418 juicios de amparo, tanto directos como indirectos, y de ese total se concedieron 130.  Esto significa el 3.06% de amparos concedidos respecto del total de 4,246 resoluciones, que equivale al  97% de firmeza de las propias resoluciones.

MATERIA CIVIL

En materia Civil, durante el 2007 se radicaron en todo el Estado 9,123 demandas, concluyeron por diversas causas 1,105 asuntos antes de sentencia; se emitieron 3,195 sentencias y quedaron citados 34.

En la materia Mercantil, durante el mismo lapso, se radicaron 18,510 demandas; se dictaron 5,582 sentencias, se concluyeron por diversas causas 2,393 y quedaron citados 70 asuntos.

En materia Familiar, durante el año que se informa, se radicaron 16,300 demandas; se emitieron 9,546 sentencias; se concluyeron 452 por diversas causas y quedaron 97 asuntos citados.

De acuerdo con los registros que existen en los juzgados que conocen de las materias civil, mercantil y familiar, y conforme a las revisiones practicadas por Visitaduría, se observa que las resoluciones se dictan dentro de los términos legales, en porcentajes que fluctúan del 89 al 100 por ciento. 
 
Es necesario considerar que en los juicios civiles en general, el impulso del procedimiento depende de la actividad de las partes, de manera que cuando  éstas no presentan promociones, se provoca la dilación y en ocasiones la caducidad procesal.  Independientemente de ello, la obligación de los tribunales es proveer oportunamente al dictado de los acuerdos y la emisión de las sentencias, conforme a los términos establecidos en la ley.

Además de lo anterior, con el fin de agilizar los procesos, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia designó una comisión de magistrados y jueces para elaborar un anteproyecto de reformas al Código de Procedimientos Civiles.   

Dicha comisión laboró durante el año que se informa y está en proceso de análisis de una propuesta presentada por el Colegio de Notarios, tras de lo cual concluirá su trabajo.

En materia de justicia familiar, ampliaremos los servicios en el Estado de Sonora, pues actualmente existen tres juzgados en Hermosillo y dos juzgados en Ciudad Obregón.  En el resto de los distritos judiciales, la materia familiar se atiende por los juzgados civiles y los mixtos.

Cuando creamos el juzgado tercero de lo familiar en Hermosillo, lo hicimos con mucho interés, no sólo en atención a la creciente demanda de justicia, sino además, para dejar en claro que los tribunales de esta índole deben contar con las áreas especiales, amplias y dignas, con el fin de atender a todas las personas, incluyendo familias enteras, que concurren al recinto judicial.

Estamos decididos a que todos los juzgados de lo familiar cuenten con espacios amplios y decorosos, para el trabajo jurisdiccional y de los especialistas en psicología y trabajo social. 

Sonora requiere y amerita estar a la vanguardia en justicia familiar, y por ello, tomamos la determinación de ir consolidando la especialización en esta materia, y programamos establecer en este año nuevos juzgados de lo familiar en  Nogales, Ciudad Obregón y Navojoa, cuidando que cuenten con las áreas adecuadas, pero sobre todo, lo más importante es que el juzgado se integre con personal especializado que se distinga por su capacidad, honestidad y espíritu de servicio.

En cuanto a la segunda instancia, en el Supremo Tribunal de Justicia y los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, se recibieron en materia civil 2,180 asuntos; se resolvieron 1,705 y el resto de los recursos se encontraba en trámite. 

En contra de las resoluciones civiles emitidas en segunda instancia, se interpusieron 686 juicios de amparo y en el mismo período se concedieron 146, lo que significa 8.56% de las 1,705 resoluciones emitidas.

CENTRALES DE ACTUARIOS 

En el Estado existen dos Centrales de Actuarios, una en Hermosillo y otra en Ciudad Obregón, en las que se coordina el trabajo de los actuarios notificadores y ejecutores.

En el 2007 en Hermosillo se realizaron 35,598 diligencias; se levantaron 2,667 constancias de incomparecencia y 1,181 de cancelación de citas, por las partes.  Las diligencias se agendan en un promedio de 4 días hábiles, a partir de que se solicitan.

En el 2007, en Ciudad Obregón se realizaron 24,439 diligencias; se levantaron 1,844 constancias de incomparecencia y 221 de cancelación de citas, por las partes.  Las diligencias se agendan en un promedio de 7 días hábiles a partir de que se solicitan.

OFICIALÍAS DE PARTES

En Hermosillo y en Ciudad Obregón existen Oficialías de Partes Comunes, en donde se reciben las demandas y exhortos en materias civil, mercantil y familiar, y a través de un sistema computarizado se distribuyen de manera equitativa a cada uno de los juzgados.
 
Durante el 2007, en Hermosillo se recibieron 20,342 demandas y 1,960 exhortos; en Ciudad Obregón, se recibieron 12,693 demandas y 1,138 exhortos

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

En primera instancia, del 13 de diciembre de 2006, en que abrimos los juzgados para adolescentes, al 31 de diciembre de 2007 se radicaron 732 expedientes, de los cuales concluyeron 303 por sentencia, que corresponden a 384 adolescentes; 20 concluyeron por sobreseimiento y 25 por otras causas; en 42 casos se dictó auto de no sujeción a proceso;  55 se encontraban suspendidos, y 287 expedientes en trámite.

Para impulsar la impartición de justicia en esta materia, realizamos múltiples reuniones de trabajo con la participación de todos los servidores públicos que tienen intervención en la aplicación de la Ley  que establece el sistema integral de Justicia para Adolescentes, tanto de la señora magistrada, como de los jueces, ministerios públicos, defensores de oficio y personal del Instituto de Tratamiento y aplicación de medidas para adolescentes.  En las reuniones que sostuvimos analizamos detalladamente todos los aspectos de la aplicación de la ley para intercambiar puntos de vista y expresar criterios, así como para agilizar los procedimientos, habiendo obtenido buenos resultados.

Se observa que se requiere la creación de centros de internamiento en las ciudades más pobladas del Estado, con el fin de prestar los servicios administrativos y jurisdiccionales que regula la Ley citada. 

Respecto de la segunda instancia, en el Tribunal Unitario Regional de Circuito especializado en Justicia para Adolescentes, se recibieron 139 asuntos, de los cuales concluyeron 112 y al 31 de diciembre de 2007, se encontraban en trámite 27.

CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Se siguió el procedimiento de mediación en 837 asuntos, habiendo culminado 700 con convenio, de los cuales  308 son de carácter familiar, 247 civiles y 145 de diversas materias. Además, se prestó servicio de asesoría a través de 2,251 orientaciones y se realizaron 904 sesiones.

 En este acto hemos concentrado la información más relevante del trabajo del Poder Judicial durante el 2007, en la inteligencia de que en nuestra página de internet está disponible lo concerniente a cada una de las áreas.

Distinguidos integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Conforme a la Constitución y las leyes, los magistrados y los jueces ejercemos la relevante función de resolver todos los casos que se presentan en los tribunales.  En muchos de los juicios, están de por medio valores fundamentales, como los relativos al orden y estabilidad de la familia, a cuestiones patrimoniales importantes para las partes, y a los delitos, especialmente los considerados graves.

Al suscribir las sentencias en todos estos procesos de trascendencia social, asumimos la responsabilidad de cara a la sociedad, y es ésta la que finalmente pondera nuestro desempeño.

Estamos conscientes de que la legitimación social del Poder Judicial, depende fundamentalmente del debido cumplimiento de la labor jurisdiccional, pero también es necesario que todas las personas relacionadas con la impartición de justicia, trabajemos con interés positivo, y además de ejercer la sana crítica, participemos en los procesos conducentes al desarrollo de las instituciones.

El compromiso esencial de los magistrados, los jueces y todo el personal que integra el Poder Judicial del Estado, es eficientar y modernizar la labor jurisdiccional, y ejercer esta función con la honestidad, la responsabilidad y el espíritu de justicia, que exige la sociedad sonorense. 
Muchas gracias.

MGDO. MAX GUTIÉRREZ COHEN
PRESIDENTE DEL H. SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO  DE SONORA