Palabras pronunciadas por el Mgdo. Max Gutiérrez Cohen, presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

En primer término, agradezco la presencia del Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado, en virtud de la trascendencia de este acto en el cual inauguramos el Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales.  Asimismo, destaca la asistencia del Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador General de Justicia del Estado; del Lic. Marco Antonio Martínez Dabdoub, Presidente Municipal; de la Magistrada Irma Meza Vega y de los Magistrados Ignacio Islas Contreras y Rolando Antonio Zayas Antillón; de los Jueces y quienes integran los juzgados establecidos en Nogales, así como de todas las personas que dan testimonio de este acto.
De conformidad con el Acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia al que se ha dado lectura, hoy inicia sus funciones este Juzgado Tercero de lo Penal en Nogales, para atender, al igual que los otros dos Juzgados, las considerables cargas de trabajo, pues en el año 2007 ingresaron a los juzgados primero y segundo un total de 975 asuntos,  y en lo que va de enero a abril de este año, ya han recibido 333 consignaciones.  Además, es de señalarse que los juzgados de Nogales emitieron sentencias respecto de un total de 701 inculpados en el 2007, y de enero a abril de este año ya han emitido sentencias con relación a 311 personas, todo lo cual constituye información basada en los expedientes resueltos y da una idea muy clara de la cantidad de trabajo que existe en estos tribunales, independientemente de la complejidad de múltiples procesos, y de aquéllos de mayor relevancia por tratarse de delitos graves.
Además de lo anterior, es importante resaltar la obligación que tienen los juzgadores de atender en términos breves las solicitudes correspondientes a cateos, arraigos y órdenes de aprehensión, y tan sólo en los primeros 4 meses del 2008 se resolvió sobre las solicitudes de órdenes de aprehensión respecto de 278 personas, habiendo librado 179 y negado 99.
En razón de todo lo anterior, ya era  impostergable la apertura de este nuevo Juzgado, para atender con mayor capacidad las demandas de justicia en materia penal que se presentan en este Distrito Judicial, y en este esfuerzo convergen las actividades de capacitación y especialización que continuamente realizamos, así como los trabajos de visitaduría judicial y contraloría, los apoyos administrativos y las exigencias a los jueces y al personal jurisdiccional para mejorar la impartición de justicia.
Como puede verse, el edificio que alberga estos juzgados de Nogales, ha sido remodelado y presenta espacios suficientes debidamente acondicionados para la atención de los justiciables, y no escatimamos esfuerzos para la selección del personal y para la aplicación de los recursos administrativos, que directamente se requieren en el desarrollo de los procesos y la emisión de las resoluciones.
Además, para eficientar la impartición de justicia, tenemos muy claro que debemos avanzar para mejorar el sistema y en lo que a creación de nuevas leyes se refiere,  siempre hemos tenido la actitud de colaborar en la formación de las iniciativas, y con el Legislativo en las deliberaciones pertinentes para expresar nuestra información, experiencia, puntos de vista y propuestas con el fin de mejorar la impartición de justicia.
Por eso actuamos y lo seguiremos haciendo, guiados por principios de honestidad y de racionalidad, mediante los planteamientos que aseguren a la sociedad un avance con alteza de miras y basados siempre en la realidad de lo que puede y debe hacerse, sin exponer a nuestra comunidad a quebrantos del sistema de justicia, que se puedan traducir en un aumento en la incidencia delictiva, en impunidad, en desatención a las víctimas y en la prolongación de los procesos.
Visualizamos y analizamos el sistema de justicia penal y los grandes temas relevantes, como el de la seguridad pública, el seguimiento del debido proceso legal, el respeto a las garantías y el resarcimiento de los daños a las víctimas, el de las soluciones alternas al proceso, y el de la aplicación, en su caso, de la sanción justa y legal a quienes resultan penalmente responsables en la comisión de un delito.
Durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública, nos hemos pronunciado por un razonable y cuidadoso análisis de todos los aspectos o partes del sistema penal, y puntualizamos la necesidad de atender con diligencia y oportunidad lo que concierne al fortalecimiento de los planes de estudio en las escuelas de Derecho, de la defensoría pública; de la asesoría a la víctima; del ministerio público y corporaciones de policía; de las soluciones alternas de controversias surgidas de la comisión de delitos; de la reestructuración de los procesos judiciales y de la impostergable reforma constitucional, que aun está pendiente, para la adecuación del juicio de amparo, con el fin de que sea acorde a los nuevos lineamientos del proceso penal; asimismo, en lo que se refiere a la atención de las directrices para la ejecución de sanciones penales.
Todos los aspectos señalados son vitales en el sistema penal, por lo que se debe trabajar en las esferas legislativas y administrativas para atender cada uno de ellos, con un espíritu constructivo, con claro conocimiento de nuestra realidad, necesidades y posibilidades, pero sobre todo con un marcado sentido de responsabilidad ante la sociedad para conducir el proceso de la reforma guardando los equilibrios entre las garantías del debido proceso para los inculpados y las de las víctimas, así como la necesaria protección a estas últimas y a los testigos, y sobre todo, salvaguardando en cada aspecto de la reforma, el valor de la seguridad pública que es una de sus finalidades fundamentales.
En congruencia con ello, el Gobierno del Estado de Sonora actúa con fuerza y determinación por la seguridad pública atacando de frente a la delincuencia y es la unión de esfuerzos de los tres Poderes, cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia, la que nos impulsa a seguir adelante.
En este orden, iniciamos la reforma integral del sistema de justicia penal, mediante la Comisión que se formó para ese efecto y con todo sentido de responsabilidad, hacemos acopio del máximo de información posible, emanada de los procesos de reformas de otros países y de otras entidades, de los avances y problemas que presentan, tanto en el aspecto meramente procesal penal, como el del comportamiento de los fenómenos de inseguridad pública, de manera que nuestra labor reconoce como elemento esencial, la exigencia de la sociedad por mejorar la procuración e impartición de justicia en completa congruencia con el valor de la seguridad pública, y así es como se trabajó y se logró la formación de las primeras leyes que son fruto de dicha Comisión, y que son la de Mecanismos Alternativos de solución de controversias y la de Atención y protección a víctimas del delito.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra plena disposición de seguir trabajando por la reforma integral del sistema de justicia penal de Sonora, aplicando nuestro máximo esfuerzo en la impartición de justicia, sustentados en principios de honestidad y de racionalidad, para responder a las exigencias de la sociedad sonorense.
Muchas gracias.