Palabras de bienvenida del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Mgdo. Max Gutiérrez Cohen:

Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado;
Diputado Ventura Félix Armenta, Presidente del H. Congreso del Estado;
Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jorge Humberto Maldonado Salcedo, Comandante de la IV Zona Naval Militar;
Mgdo. Rodolfo Campos Montejo,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Vicepresidente de la Zona Sur de la CONATRIB y representante en este acto del Mgdo. José Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia del país;
Mgda. Alma Carolina Viggiano Austria, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y Vicepresidenta de la Zona Centro de la CONATRIB;
Presidentes y Representantes de los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana;
Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Presidente Municipal de Guaymas;
Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador de Justicia del Estado;
Lic. Otto Claussen Iberri, Enlace del Gobierno del Estado en Guaymas;
Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los Tribunales de Circuito, así como jueces y servidores públicos del Poder Judicial del Estado;
Señoras y Señores:
Hoy es un día especialmente relevante para todos los integrantes del Poder Judicial de Sonora, porque ante la distinguida presencia del Gobernador del Estado y las autoridades que integran el presidium, recibimos a nuestros amigos Presidentes y Representantes de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país.
Deseo resaltar que en el Poder Judicial de Sonora laboramos en un ambiente de respeto pleno entre los Poderes del Estado, y son muy significativos los apoyos y trabajos en colaboración con el Gobernador Eduardo Bours Castelo, quien actúa siempre con firme determinación por la seguridad pública, la procuración de justicia y el desarrollo económico y social, con resultados palpables y concretos para los sonorenses. 
Asimismo, en los últimos años hemos unido voluntades y esfuerzos con la Legislatura local, coadyuvando en la elaboración de proyectos de nuevas leyes y reformas que han sido aprobadas y que son necesarias para elevar la eficiencia y calidad en la impartición de justicia.  
Estimados Presidentes y Representantes de los Tribunales Superiores de Justicia del país:  En este ambiente muy positivo que prevalece en Sonora, los recibimos con honor y gran satisfacción. 
Me siento orgulloso porque a través de los últimos años, en múltiples reuniones de trabajo que han sido generosamente auspiciadas por los Tribunales Superiores de Justicia, de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán, he tenido la oportunidad de conocer a los Presidentes aquí presentes, de compartir información y experiencias sobre los aspectos más relevantes de las responsabilidades que tenemos al frente de los tribunales del país, y cultivamos lazos de amistad que para mí son sumamente valiosos.
En los trabajos que estamos por iniciar, abordaremos temas de primera importancia para la impartición de justicia, destacando la presentación de los avances del proyecto de Código Procesal Penal Tipo; los requerimientos presupuestales de los Poderes Judiciales; el análisis y aprobación en su caso, de reformas a los estatutos de la CONATRIB; análisis del reglamento del sistema nacional de educación judicial; la creación de una Comisión de la CONATRIB para trabajar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Como se ve, los temas a tratar son trascendentes y se expresarán interesantes enfoques y puntos de vista, que son necesarios y muy útiles para que cada Tribunal Superior de Justicia pueda conducir de mejor forma el gobierno judicial en cada entidad. 
Consideramos que nuestra responsabilidad no sólo es la de pugnar por el desarrollo y el mejoramiento en la impartición de justicia, pues además de esta función que constitucionalmente nos corresponde, en la época actual se requiere la colaboración entre los Poderes para que la impartición de justicia cuente con mejores recursos administrativos y marcos normativos, y en este último aspecto, la reforma constitucional en materia de Justicia penal y de Seguridad Pública, plantea enormes retos, que asumimos y atendemos en la inteligencia de que se trata de un sistema que tiene varias partes o aspectos, los cuales deben ser diseñados e implementados en forma muy  certera y eficiente.
En los tiempos actuales, los Poderes Judiciales estamos inmersos en lo que siempre ha sido nuestra función constitucional de impartición de justicia, y para ello convergen todas las acciones que normalmente realizamos, pero también estamos en el proceso de reforma penal, y pensamos que existe corresponsabilidad junto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de gobernar el proceso de transición en lo legislativo y en lo administrativo, hacia el sistema de justicia penal que plantea la reforma constitucional.
Dada la situación que vive nuestro país, vemos que los grandes temas de la Justicia Penal y la Seguridad Pública, se encuentran en la cúspide del interés en todas las Entidades Federativas.
Nuestra convicción se finca en la responsabilidad de avanzar en la impartición de justicia, realizando todas las acciones en cada uno de los ámbitos que convergen a ese fin, desde los aspectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura física, de los servicios informáticos, de comunicación, de capacitación y especialización, de carrera judicial, de vigilancia y control de las funciones jurisdiccionales y administrativas, entre otros, que son ampliamente conocidos por todos los presentes.
Ahora, adicionalmente a todas las actividades de administración y de impartición de justicia, estamos respondiendo en la delicada tarea que implica la colaboración entre los Poderes, para que el proceso de implementación de la reforma sea debidamente gobernado, con todo lo que el buen gobierno implica, es decir, con la identificación de cada una de las necesidades, con precisión en la planeación y en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para cada una de las áreas, tanto los que deban ser aportados por los Estados, como aquéllos que sea indispensable que aporte la Federación, porque es evidente que se trata de una reforma integral. 
Recordemos que los Poderes Judiciales locales, en aplicación de leyes que regulan procedimientos de carácter federal, sufragamos totalmente los costos de la impartición de justicia para adolescentes tratándose de conductas tipificadas como delitos federales, auxiliamos a la justicia federal en materia penal y de amparo, nos encargamos de la justicia en materia mercantil y es previsible que próximamente se nos incremente la carga de trabajo por delitos de narcomenudeo que se prevén en leyes federales, y en todos estos rubros que son cuantificables en sus costos, no hay aportaciones de la Federación a los Poderes Judiciales locales.
Hago mención de lo anterior, para resaltar la importancia de atender todas las partes o aspectos que tienen que ser identificados, impulsados y debidamente soportados, con recursos presupuestales suficientes, con nuevas actitudes y equilibrios entre la Federación y los Estados, particularmente en lo que corresponde a la impartición de justicia; con reformas a la educación en el derecho, y en todo lo que corresponde a las funciones públicas de defensa del inculpado, de asesoría y protección a la víctima, de mecanismos alternativos de solución de controversias; de corporaciones de seguridad pública, de peritos, de ministerios públicos, de jueces y las relativas a la aplicación de las sanciones y sustitutivos de prisión.
En estas condiciones, la gobernabilidad en materia de impartición de justicia, en los tiempos actuales no sólo es una cuestión que concierne al ejercicio de la judicatura en sí, porque en virtud de la reforma constitucional y de los retos sociales, que reclaman una mejor justicia, también se requiere compenetrarnos en la idea y formar la convicción de que los procesos de implementación de la reforma, cualquiera que sea el grado de avance que se tenga, requieren ser gobernados en forma racional de manera permanente y con claro sentido de previsibilidad en cuanto a los resultados que se necesite obtener.
Esto es así porque se trata de la instauración de un nuevo sistema con multiplicidad de aspectos por atender y desarrollar, de manera que es un reto supremo asegurar a la sociedad la conducción del proceso a mejores niveles de la procuración e impartición de justicia, en directa y franca compatibilidad con las funciones del Estado en materia de seguridad pública. 
Por todo lo anterior, estoy seguro de que la unión de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país, las aportaciones que se realizarán  en estos trabajos, nutridas por la información e intercambio de experiencias y puntos de vista, seguramente se traducirá en beneficio  de los Poderes Judiciales y de la sociedad.
Para concluir este mensaje, quiero decirles en compañía del Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo y las distinguidas autoridades presentes, que estamos muy motivados porque tenemos la seguridad de que estos trabajos brindarán los mejores frutos, y es nuestro mayor deseo que sea realmente placentera su estancia en San Carlos, reconocido como magnífico escenario natural. 
Bienvenidos a Sonora.

MGDO. MAX GUTIÉRREZ COHEN
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Sonora.

San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, 18 de septiembre de 2008.

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