Hermosillo, Son., 24 de Septiembre de 2008
La reforma constitucional en materia de justicia penal debe darse en un proceso que sea gobernable desde el diseño hasta su implementación, expresó el Mgdo. Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ).
“Tan se requiere un buen diseño de las leyes para que tengan viabilidad y estén bien alineadas al interés de la justicia penal y la seguridad pública, como se requiere de su implementación; si nada más se crea la ley y administrativamente no se implementa, no se opera bien, entonces vendría el desajuste”, indicó.
Invitado a impartir una conferencia sobre el tema, el presidente del STJ insistió en el aspecto de la gobernabilidad del proceso de reforma.
“No se trata de gobernar el proceso penal cuando ya esté establecido en las leyes como obligatorio, sino desde los trabajos para la estructuración de las propias leyes. Es cuestión de orden lógico, ahorita podemos decir en cuanto a los ocho años que la Constitución prevé para implementar la reforma, que lo más importante es que el proceso de diseño y de aplicación en cada aspecto, vaya demostrando su comportamiento real en la práctica, para conducirlo con certeza en cuanto al interés de la justicia penal y la seguridad pública”
“Hay una serie de leyes que no tienen problemas para elaborarse, pero problemas duros existen en las de orden procesal. Es necesario tener la clara inteligencia de que lo que se esté haciendo, va a conducir razonablemente a la velocidad de los procesos, a que se puedan concluir y, sobre todo, que se haga justicia en ellos, ahí está la cuestión fundamental”, agregó.