H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL MGDO. MAX GUTIÉRREZ COHEN, PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE HERMOSILLO.
Hermosillo, Son., 08 de Diciembre de 2009
En primer término, deseo agradecer la presencia de todos Ustedes en este acto trascendente de inauguración del Juzgado Segundo especializado en Justicia para Adolescentes, en el cual reiteramos nuestro compromiso con la sociedad sonorense, de avanzar en la atención a los requerimientos y retos que nos impone este sistema basado en el artículo 18 constitucional. Para ello, es imprescindible la conjunción de esfuerzos, de acciones de colaboración y de permanente comunicación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, dado que en este sistema convergen no sólo las acciones de la procuración de justicia, la intervención de la Defensoría de Oficio y la labor de los jueces al realizar los procesos de adolescentes, sino también todas las funciones que conciernen al Instituto de Tratamiento y aplicación de medidas para adolescentes.
En estas responsabilidades, la ley incluye a los ayuntamientos en lo que toca a acciones encaminadas a la prevención y protección del adolescente en contra de actos u omisiones que puedan afectar su sano desarrollo.
Con el fin de exponer razonadamente la situación actual de este sistema de justicia para adolescentes que tenemos en Sonora, y señalar los avances y los retos que enfrentamos, es necesario hacer alusión a la reforma del artículo 18 constitucional y el trabajo en el que participamos en el Poder Judicial consistente en el diseño del proyecto de la Ley que rige este nuevo sistema.
Aludimos al artículo 18 constitucional, publicada el 12 de diciembre de 2005, para resaltar que ahí se contienen las bases y lineamientos conforme a las cuales se obligó a la Federación y a las entidades de la república mexicana, a la creación de las leyes e instituciones especializadas para la operación de este nuevo sistema. En dicha reforma se precisó que el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
La reforma entró en vigor el 13 de marzo de 2006 y contemplaba el plazo de 6 meses para la creación de las citadas leyes e instituciones especializadas.
Con base en la reforma al artículo 18 constitucional, en el Supremo Tribunal de Justicia formamos una comisión para el diseño del proyecto de Ley que establecería el sistema integral de justicia para adolescentes.
Así, a partir de marzo del 2006 y hasta agosto del mismo año, trabajamos con la convicción de que había que establecer una adecuada estructura legal para fijar las atribuciones de cada una de las entidades públicas, particularmente del tribunal y los juzgados, del ministerio público y de la defensoría, todos especializados en justicia para adolescentes; asimismo, de la estructura y funcionamiento del Instituto de Tratamiento y de aplicación de medidas para adolescentes, y sobre todo era muy importante actuar haciendo acopio de información y de experiencia, para diseñar los procedimientos a seguir tanto por el ministerio público especializado, como por los juzgados y el tribunal de segunda instancia.
Considero que se logró establecer en la Ley un procedimiento claro y sencillo, que exige y da cauce al cumplimiento de los principios rectores del sistema que se establecen en el artículo 3ro. de la ley, entre los cuales destacan los de la especialización, inmediación, concentración, contradicción, celeridad y privacidad procesal, este último para respetar la protección a la identidad del menor. El reto era que se lograra en la ley que fuese viable la continuidad de los actos del procedimiento, garantizar la efectiva presencia del juez en las diligencias y audiencias; y que la sucesión de actos procesales diera lugar a la debida integración y culminación de los procesos, previendo asimismo, la justicia alternativa, siempre que resultare procedente. Estimamos que la experiencia en la aplicación de la ley ha demostrado que hace posible la articulación de actos con lógica secuencia y celeridad, y en un ambiente de comprensión por el adolescente, por su abogado, por el representante social y las víctimas u ofendidos, lo que les permite entender de manera ordenada, cada uno de los actos, el objeto de los mismos, los momentos en los cuales se ejerce la acción y la defensa hasta concluir el proceso. Además, se cuidó en el diseño legal del procedimiento, que fuere adecuadamente gobernable por el juez o magistrado, para emitir cada resolución.
No voy a extenderme en la mención de las particularidades de la Ley, que finalmente se aprobó por el H. Congreso del Estado, pero sí deseo resaltar la positiva experiencia que nos dejó el haber realizado dicho trabajo aplicando todo nuestro esfuerzo y uniendo voluntades con la gente que participó con sentido de compromiso ante la sociedad, de manera que se concluyó el proyecto y una vez presentado como iniciativa ante el H. Congreso del Estado, fue acogido por éste y seguido el proceso legal por el propio órgano legislativo, dio lugar a la Ley que establece el sistema integral de justicia para adolescentes, publicada el 12 de septiembre de 2006.
Es así como en cumplimiento a la ley de mérito, el Supremo Tribunal de Justicia acordó la creación de los tres Juzgados especializados en justicia para adolescentes, que funcionan en Hermosillo, Nogales y Cócorit, con jurisdicción en todo el Estado, y el correspondiente Tribunal de segunda instancia, mismos que iniciaron actividades el 13 de diciembre de 2006.
Durante todo el tiempo transcurrido desde aquella fecha hasta la actual, hemos mantenido comunicación entre el Supremo Tribunal de Justicia, los titulares de los juzgados y el Tribunal especializados en justicia para adolescentes, la Procuraduría General de Justicia, la Defensoría de Oficio y el Instituto de Tratamiento y Aplicación de medidas para adolescentes, para intercambiar información y puntos de vista sobre lo que observamos como necesario para mejorar la prestación de los servicios que a cada uno nos corresponde.
Es importante resaltar que el Congreso de la Unión hasta la fecha no ha emitido la Ley Federal en materia de justicia para adolescentes y por lo tanto, la Federación no cuenta con los órganos administrativos y judiciales especializados, que está obligada a crear para el debido funcionamiento de los procedimientos que se siguen a adolescentes por conductas calificadas como delitos en leyes federales. Ante esa omisión del Congreso de la Unión, son las autoridades del fuero común las que atendemos dichas cargas de trabajo que implican casi el 13% de los asuntos recibidos en lo que va del año 2009.
El sistema de justicia para adolescentes no tiene sólo la dimensión constitucional y legal, pues también son de suma relevancia los requerimientos presupuestales que implica dicho sistema, independientemente de la especialización que se exige en los servidores públicos, para la prestación con calidad del trabajo de cada uno de ellos.
De acuerdo con los registros de los asuntos presentados, observamos que en el Juzgado Primero especializado en Justicia para Adolescentes de Hermosillo, en el 2008 se radicaron un total de 551 expedientes, y de enero al 4 de diciembre de este año, se ha recibido la enorme carga de 684 asuntos y se han emitido 480 sentencias. Esto significa la recepción de más de 60 asuntos cada mes y un promedio de 43 sentencias en el mismo período, lo cual revela no sólo un enorme incremento en el ingreso de casos, sino además la agilidad en el desahogo del trabajo, considerando la diversidad de actos y audiencias que cada proceso implica.
La duración promedio de los procesos en el Juzgado de Hermosillo es de cuatro meses y medio, desde que se recibe el asunto hasta el dictado de la sentencia, debiendo aclarar que los procesos que más se prolongan son aquellos en los que el adolescente se encuentra en externamiento, por las dificultades que se presentan en muchos casos para localizarlos y hacerlos comparecer.
Por estas razones, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia consideró indispensable y justificada la creación de este Juzgado Segundo especializado en justicia para adolescentes en Hermosillo, para que el juez apoyado con su equipo de trabajo esté en aptitud de desahogar razonablemente todos los actos y audiencias del proceso, máxime que debe sujetarse a los principios ya señalados que la ley regula. La construcción de estos dos edificios que albergan ahora a los juzgados primero y segundo especializados en justicia para adolescentes, ha tenido un costo de $7’839,149.80. De este total obtuvimos $7’010,522.00, por medio de gestiones de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. La suma restante equivalente a $828,627.80, se aplicó conforme al Presupuesto de Egresos para el 2009 del Poder Judicial del Estado.
En el Juzgado especializado en justicia para adolescentes, ubicado en Cócorit, que atiende la región sur del Estado, en lo que va del año se han recibido 237 asuntos y se emitieron en el mismo período 278 sentencias, incluyendo en éstas diversos asuntos recibidos en el 2008. La duración promedio de los procesos en dicho juzgado es de tres meses.
Con el fin de establecer la mejor infraestructura posible para el funcionamiento del juzgado de Cócorit, estamos concluyendo la ampliación del mismo, con dos áreas secretariales amplias, con las condiciones propias de salas para el desahogo de las audiencias del procedimiento y la realización de diversas mejoras que eran necesarias.
El juzgado para adolescentes de Nogales, cuenta con los espacios amplios y suficientes para el desahogo de las audiencias y en lo que va del año ha recibido 193 asuntos, y ha emitido 171 sentencias. El promedio de duración de los procesos en Nogales es de cinco meses, lo cual se explica porque la mayoría de los adolescentes a quienes se les decreta internamiento son trasladados a los centros de internamiento en Hermosillo.
Ahora bien, en los diversos centros de tratamiento que existen en el Estado, hay un total de 482 adolescentes con medidas de internamiento, de los cuales 231 se encuentran sujetos a proceso y 251 ya fueron sentenciados.
Tomando como base la experiencia que se ha tenido en cuanto a la cantidad considerable de adolescentes que tienen que ser traslados de Nogales a Hermosillo cuando se les decretan medidas de internamiento durante el proceso o en sentencia, consideramos que es imprescindible que se amplíe el Centro de Tratamiento de Nogales, pues su capacidad es muy escasa, ya que fue diseñado para tener aproximadamente 14 adolescentes y resulta que tan sólo procedentes de la ciudad de Nogales se encuentran en los diversos Centros de Hermosillo la suma de 103 adolescentes. Por ello estimamos urgente que se amplíe tal Centro que ya existe en Nogales para que albergue a los adolescentes a quienes se decreta medida de internamiento y se presten debidamente los servicios que requieren, pues ya contamos con juzgado especializado en aquella población y desafortunadamente es creciente el número de asuntos que deben ser atendidos por el mismo.
Igualmente, se observa la necesidad de que se abra un Centro de Tratamiento en la ciudad de San Luis Río Colorado, ya que el ITAMA en Hermosillo tiene 48 adolescentes internados procedentes de aquella población, mismos que son trasladados a esta ciudad, alejándolos de su lugar de origen y en demérito de la debida prosecución de sus procesos, pues es claro que los juicios debieran seguirse en el lugar en que se cometa la conducta calificada como delito que se atribuya al adolescente.
En lo que concierne a la especialización en materia de justicia para adolescentes, es importante resaltar que en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se impartió una especialidad en esta materia, misma que a través de tres generaciones fue cursada por 37 personas del Poder Judicial del Estado, quienes obtuvieron calificaciones sobresalientes, entre las cuales destacan múltiples especialistas que prestan sus servicios en estos juzgados para adolescentes.
Es indudable que lo más importante en este sistema integral de justicia para adolescentes, es que todas las personas que nos desempeñamos como órganos de autoridad, judiciales o administrativos, consideramos que este trabajo amerita tener vocación ilimitada para mejorar día a día la atención a las exigencias de este servicio que reclama la sociedad sonorense.
Hemos señalado lo que a nuestro juicio es prioritario en cuanto a la ampliación de la infraestructura física y los requerimientos de las capacidades humanas.
También creemos que junto a estos recintos judiciales que construimos con mucha motivación para mejorar nuestro servicio jurisdiccional, cuidando que los integrantes de cada juzgado sean los mejores elementos y al refrendar nuestro compromiso de seguir avanzando en la impartición de justicia, visualizamos para bien de los adolescentes en conflicto con la ley penal y en beneficio de la seguridad pública, que es necesario se diseñe un proyecto que contemple nueva infraestructura para el ITAMA, pues es creciente y cada vez más compleja la exigencia de atención a adolescentes que deben tratar en internamiento y también en externamiento, con apoyo de especialistas suficientes como lo señala la ley.
El compromiso nuestro como juzgadores es con el interés general por el avance de este sistema integral de justicia para adolescentes, y vemos que es esencial el tratamiento más amplio y eficiente que sea posible otorgarles para que salgan adelante.
En razón de lo anterior, ponderamos la necesidad al interior del Poder Judicial de continuar con la capacitación y especialización de los servidores públicos, y además, apoyarlos y exigirles el mejor desempeño de su trabajo. En relación con el ITAMA, cuya función es vital de acuerdo con los fines y funciones que prevé la ley, estimamos que es necesario se le fortalezca de manera que pueda contar con los espacios que razonablemente se requieren para el tratamiento de los adolescentes tanto en externamiento como en internamiento.
Estamos decididos a seguir trabajando por el mejoramiento de la impartición de justicia y son los adolescentes en conflicto con la ley penal, los que nos ocupan para la realización del debido proceso, pero también se advierte que son las personas que más requieren la unión de nuestros esfuerzos y que hagamos cuanto esté a nuestro alcance como autoridades, con la participación social que siempre es necesaria, para que Sonora se ponga a la vanguardia en esta trascendente labor.
Muchas gracias.