Sobre la urgente necesidad de que el Congreso de la Unión establezca la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; retomar la reforma a la Ley de Amparo; lo relativo a la seguridad de víctimas y de testigos, y también de jueces y demás actores del proceso penal; el tema de los jueces de ejecución de sentencias y el del narcomenudeo fueron abordados por el magistrado Max Gutiérrez Cohen, presidente del STJ.
En el Diálogo por al Seguridad Pública del Presidente de la República con los Impartidores de Justicia, realizado en la reunión celebrada en la Ciudad de México, el 11 de agosto en curso, en la que estuvieron presentes el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, así como representantes del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, también participó en su calidad de Primer Vicepresidente de la Zona Norte de dicha Comisión, el Mgdo. Max Gutiérrez Cohen; la siguiente es la versión estenográfica de su participación:
          
“Señor Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación; distinguidos integrantes de esta Mesa y apreciables asistentes:
En primer lugar, consideramos que es muy importante que se esté celebrando este Diálogo por la Seguridad, que es un campo propicio para que los Tribunales Superiores de Justicia del país entremos en esta área de contacto y de expresión de nuestros puntos de vista, sobre todo, en los aspectos que ha destacado el señor Presidente de la República, que estimamos que son vitales y trascendentales en estos momentos que se viven en nuestro país.
Yo creo que se ha hablado con bastante propiedad y amplitud sobre las diversas tareas que se están realizando en el Poder Judicial de la Federación, en el Consejo para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, y tenemos mucho interés en reiterar este compromiso y esta responsabilidad que existe en los Tribunales Superiores de Justicia para fortalecer las instituciones.
Consideramos que es vital el mantener e incrementar condiciones para la gobernabilidad de los Poderes Judiciales locales; y en esa forma de ver las cosas, siempre hemos sostenido que los tiempos actuales de México no sólo son para los impartidores de justicia, de aplicar las leyes vigentes, sino que nos llevan las circunstancias y la responsabilidad ante la sociedad, a un ejercicio, precisamente, de corresponsabilidad.
En esa forma, nosotros estamos siempre en la posición de contribuir a la formulación de proyectos de leyes, de participar a nivel nacional entre todos los Tribunales uniendo esfuerzos. Estamos en el seno de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y ya durante años, hemos sido partícipes y colaboradores de diversos procesos de reforma.
Desde la Reforma Constitucional que dio lugar al nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, las discusiones que se dieron, los trabajos que realizamos al interior de los estados para forjar esos nuevos proyectos de leyes y claro que derivamos de ahí a la fecha, experiencias en esta administración de justicia especializada. Y también damos testimonio de esa urgente necesidad que hay de que el Congreso de la Unión establezca la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, independientemente del fortalecimiento de los presupuestos que se requieren para que esto se ejerza de mejor forma.
Es un sistema que ha nacido, es un sistema que tiene ya cierta historia, aunque reciente en los estados y consideramos que es una Reforma Constitucional atinada, pero que requiere soportes presupuestales, y en esa corresponsabilidad, la Federación legisle al respecto y se empiecen a ejercer las atribuciones correspondientes.
Siguiendo esta historia reciente, fuimos partícipes, también, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, de los procesos que dieron lugar a la reforma constitucional para establecer este nuevo Sistema de Justicia Penal; siempre hemos estado presentes haciendo observaciones, y también destacando puntos de vista de aspectos en donde se tensiona con la seguridad pública, o con requerimientos de seguridad pública.
En el seno de la Comisión de Tribunales de Justicia se dio lugar a la formación de ese proyecto de Código Procedimientos Penales, CONATRIB, que de alguna forma ha sido tomado como referente en diversos estados de la República para implementar el Sistema de Justicia Penal; y por lo que hemos escuchado, también, en el seno del Poder Judicial de la Federación. Claro que es un proyecto referente, como son referentes legislaciones ya establecidas en el país o en otros países de Latinoamérica.
Creemos que es un documento que tiene varios aspectos que son de ajustarse para mejorarse, pero hay aspectos también de carácter constitucional en los que queremos hacer hincapié, de no perder de vista en este sano y necesario ejercicio de reflexión, como es uno que se ha notado en cuanto a la reestructuración o posibles reformas en materia constitucional en el Amparo; y consecuentemente en cómo se refleje en la Ley de Amparo, porque creemos y hemos sostenido que en materia de Amparo de alguna forma se difirieron las discusiones cuando se planteó la reforma constitucional para establecer el nuevo Sistema de Justicia Penal, y yo creo que eso es tiempo de retomarlo y de hacer los ajustes correspondientes para que el Juicio de Amparo tenga plena compatibilidad con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Particularmente, en lo que sea lo concerniente al análisis de violaciones al procedimiento, porque el Juicio de Amparo, como está previsto actualmente, y me estoy refiriendo al directo, infiltra totalmente toda la estructura en los procesos penales, que es un aspecto particular que consideramos que se debe de revisar.
Y otro aspecto de la Reforma, que yo creo que está latente en todo el país, que habrá que reflexionar a nivel constitucional también, es el relativo a la seguridad de víctimas y de testigos, y también de jueces y demás actores del proceso penal.
Yo creo que hay que revisar, porque para el régimen de delincuencia organizada, se establecen unas situaciones especiales ahí que no privan para el proceso en general. Tenemos observaciones particulares a ese respecto, que a nuestro juicio ameritan una reflexión constitucional.
Y está en forma más reciente y urgente el tema de los jueces de ejecución de sentencias que, como bien se ha señalado, ya estamos a menos de un año de que esa reforma se tenga que aplicar. Consideramos que debe de apretarse el paso y administrarse muy bien los diseños procesales que van a regir, para que funcionen estos jueces; por el contacto directo que van a tener con los reos, precisamente para determinar la modificación de las penas. Yo creo que hay aspectos muy importantes que se tienen que reflexionar, y que tendrán que ver con el diseño del procedimiento correspondiente al respecto.
Otra cuestión a la que estamos abocados es en tratar lo del narcomenudeo. Como bien es sabido, en agosto del año pasado se establecieron las reformas correspondientes a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, y tiene los dos grandes rubros, que es el de la prevención y la atención a la farmacodependencia, que requiere de grandes dotaciones de recursos, precisamente para crear un programa nacional en esta materia, y establecer, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, los Centros de Prevención y de Tratamientos de Farmacodependientes.
Consideramos que eso debe reflejarse en el Presupuesto de Egresos en lo que se refiere a nivel de la República Mexicana, y en los estados por lo que concierne a las atenciones correspondientes a la salud.
Pero está el otro aspecto toral de la reforma, que concierne a la competencia concurrente de las autoridades Federales con las autoridades del fuero común.
Estuvimos atentos desde el 2005 a cómo se trazó la reforma que dio base a esa competencia concurrente. Y hay un aspecto ahí. Se está trabajando en un Plan Nacional de Acción para Combatir el Narcomenudeo, donde concurrimos  Tribunales Superiores de Justicia, Procura-dores locales, en el seno de la Procuraduría General de la República. Y estimamos que se están corriendo los tiempos; que se tienen que hacer reformas a legislaciones estatales, programas de capacitación en los cuales se está trabajando. Pero hay un aspecto ahí que es importante puntualizarlo.
En este ejercicio de corresponsabilidad es muy relevante que se mantenga esa concurrencia y tratándose de narcomenudeo, efectivamente, para combatir este problema tan grave que es una de las especies de género del narcotráfico, que se mantenga y se fortalezca esa concurrencia, de manera, que de ninguna forma se reduzca o se demerite el trabajo que se hace por la Federación, tanto por la Procuraduría como por los Tribunales Federales, sino que a ese trabajo concurramos de una forma bien preparada, con la presupuestación corres-pondiente, los estados de la República, tal y como es el trazo de la reforma.
De esa manera, señor Presidente, estamos en ese compromiso, en ese ejercicio de corresponsabilidad. Y haciendo el máximo de los esfuerzos que nos corresponde, y lo vemos no nada más como un aspecto de relaciones interinstitucionales, sino básicamente, como bien se ha dicho, eso tiene que ver con la corresponsabilidad también, a nivel social, en todas las esferas: en las esferas de educación, en las esferas de la salud, de la cultura, para que sigamos adelante.
Muchas gracias”.