El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) sigue cumpliendo con su misión de mantener la estabilidad y el buen gobierno en los tribunales, a través de la capacitación y la selección de los mejores elementos; el reconocimiento a quienes cumplen a cabalidad con su trabajo; la vigilancia y disciplina para que prevalezca el correcto ejercicio de la judicatura; así como la creación de las mejores condiciones legales y administrativas, con el fin de eficientar la impartición de justicia.
Así lo mencionó el presidente del STJ, Max Gutiérrez Cohen, al presentar el Informe de Labores del Poder Judicial del año 2010, con la presencia del Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, así como el Diputado Alberto Natanael Guerrero López, Presidente de la Diputación Permanente del Congreso, el Procurador de Justicia, Lic. Abel Murrieta, el presidente Municipal de Hermosillo, Lic. Javier Gándara Magaña, autoridades militares, de justicia, diputados e invitados especiales.

A continuación el texto íntegro del informe:
La impartición de justicia es una función pública fundamental para preservar la paz y propiciar el desarrollo de la sociedad.  En los tiempos actuales se requiere que los Magistrados, los Jueces y toda persona que labora en el Poder Judicial, actuemos siempre por el avance de la institución y seamos constantes en la búsqueda de nuestra evolución profesional, para cumplir en esencia con lo que la sociedad demanda, que es la justicia pronta, completa e imparcial.
En los últimos años se ha intensificado la cantidad y la complejidad de los conflictos que se presentan ante los tribunales, y además se realizaron reformas constitucionales en materia de justicia para adolescentes y del sistema de justicia penal, todo lo cual implica la necesidad de recursos presupuestales de gran magnitud, y que trabajemos de forma sostenida, para lograr las implementaciones que se exigen en cada una de las propias reformas.
Es así como nuestra responsabilidad aumenta de manera relevante y sin precedentes, por lo que se requiere de la suma de voluntades de todos los integrantes de la judicatura en Sonora.  A nivel nacional, los Tribunales Superiores de Justicia estamos unidos para cumplir con las funciones que legalmente nos corresponden y planteamos los requerimientos y acciones para salir adelante con los procesos de las reformas constitucionales.  

MATERIA PENAL   
En los Juzgados de Primera Instancia que atienden la materia penal, en el año 2010 se recibieron 10,272 consignaciones, y además se resolvió oportunamente sobre 6,815 solicitudes de órdenes de aprehensión, 866 de arraigos y 284 de cateos.  En el mismo año se emitieron 6,187 sentencias, de las cuales 5,762 fueron condenatorias y 425 absolutorias, además de que se concluyeron por diversas causas 4,305. 
Del total de sentencias, 5,730 se emitieron en juicios con duración promedio de tres meses y medio, y 457 se dictaron en juicios con duración de más de un año. Al 31 de diciembre de 2010 se encontraban en trámite 2,769 expedientes, misma suma que es equivalente a la cantidad de asuntos que ingresaron en los últimos tres meses y medio del 2010.  
En lo que corresponde a la segunda instancia en materia penal, en el Supremo Tribunal de Justicia se resolvieron 1,043 tocas de apelación y en los cuatro Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, se resolvieron 3,153 apelaciones.  En materia de amparo se interpusieron 527, tantos directos como indirectos, y se concedieron 224 amparos, lo que significa que sólo se concedió el amparo respecto del 5.34% de las resoluciones de segunda instancia.
 Además del cumplimiento de estas labores jurisdiccionales, estamos participando en trabajos específicos para la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, publicada el 18 de junio de 2008. 
Esta reforma requiere establecer leyes secundarias, además de reestructurar y fortalecer como ejes fundamentales, las instituciones que tienen la función de formar, capacitar y especializar a profesionales del derecho, elementos de policía de diversos niveles, defensores públicos, ministerios públicos, especialistas en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, peritos, jueces y a personal responsable de la ejecución de sanciones y medidas de seguridad. 
Estos son los ejes en los que es necesario trabajar a fondo y cada uno de ellos requiere de un diagnóstico objetivo y amplio para conocer su realidad.  El diagnóstico es presupuesto lógico indispensable para planear la implementación de la reforma, determinar los recursos y la diversidad de las labores a desarrollar en cada vertiente.
 Además, debemos ubicarnos en el entendimiento de los fenómenos de la delincuencia que se presentan en nuestro país y comprender las correlaciones e implicaciones que surgen entre el nuevo sistema de enjuiciamiento penal y el sistema de seguridad pública, considerando los requerimientos en esta materia, al igual que el necesario respeto a las garantías de los  inculpados y de las víctimas.
La reforma constitucional estableció un plazo de ocho años, que vence el 18 de junio de 2016, para que en toda la República se aplique el nuevo sistema de justicia penal.
En Sonora, la Comisión que se formó con representantes de los tres Poderes del Estado, desde octubre de 2007, para laborar en pro de la reforma integral al Sistema de Justicia Penal, elaboró los proyectos que dieron lugar a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, publicadas el 8 de abril de 2008, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Dicha Comisión siguió trabajando aquí en sede del Supremo Tribunal de Justicia en la estructuración del proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. Para ello, se tomó como referencia tanto el Código modelo del proceso penal acusatorio, aprobado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en octubre de 2008, como los códigos de otras entidades de la República que regulan el nuevo proceso, y de diversos países que lo han implementado. 
Con el fin de fortalecer nuestras capacidades en todo lo relativo a la implementación de la reforma constitucional, han sido constantes e intensas tanto  las actividades académicas, como de intercambio de experiencias con juzgadores nacionales y del extranjero, y las visitas a tribunales de otros estados del país, de Estados Unidos, Chile y de Colombia. 
Todo ello ha contribuido para que analicemos con información suficiente,  múltiples sistemas de justicia penal ya existentes y las ventajas, retos y problemas implicados en la implementación de la reforma. 
La experiencia obtenida en nuestra práctica como juzgadores y en todas las actividades realizadas, nos dice que en el estudio, la discusión y la propuesta de cada aspecto de la reforma, debemos tener presente el valor de las garantías de los inculpados y de las víctimas, la necesidad de diseñar un proceso viable y eficiente, cuidando el equilibrio conforme a la Constitución, con las funciones del Estado en materia de seguridad pública, para que la sociedad no sufra quebrantos y gradualmente experimente un proceso que le presente beneficios en la justicia penal.
Hemos señalado en diversos foros nacionales, la importancia de debatir respecto a algunas disposiciones de los nuevos textos constitucionales, que están generando problemas en el diseño y en la aplicación de normas específicas del nuevo proceso penal, entre las cuales destacan las relativas a la validez de las pruebas que se obtienen en la investigación de los delitos, en cuanto a su valoración en la sentencia, y a la prisión preventiva, con consecuencias de impacto social de consideración.  De lo que se trata, es que se dé el debate en forma oportuna para mejorar la Constitución en lo que sea necesario, con el fin de garantizar la plena viabilidad del nuevo sistema de justicia penal. 
Con estos antecedentes y en la inteligencia de lo que implica el proceso de la reforma, en la Comisión de mérito, como resultado de los trabajos realizados mediante 126 reuniones, logramos la formulación del proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales, que presentamos en la página de Internet del Poder Judicial del Estado y queda sujeto a la consideración de la sociedad sonorense y especialmente del H. Congreso del Estado. 
La reforma constitucional también establece en el artículo 21 que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, y en el artículo quinto transitorio dice que el citado régimen de modificación y duración de penas, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto. 
En consecuencia, dicho plazo de tres años vence el 18 de junio del 2011, por lo cual es necesaria la aplicación de recursos presupuestales suficientes para establecer los juzgados de ejecución de sanciones.  Al respecto, hemos iniciado un curso de capacitación para jueces en esta materia, además de que estamos en consulta a jueces de otras entidades que ya tienen experiencia en la misma, y en proceso de elaboración del proyecto de ley que regule este ejercicio jurisdiccional, lo cual se realiza en la mesa de la Comisión para la reforma.  A esta mesa se ha sumado personal de alto nivel de la Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario. 
Por otra parte, está la reforma por la que se establece la competencia concurrente de la Federación y las entidades de la República en materia de narcomenudeo, publicada el 20 de agosto de 2009.  Esta reforma también obliga a los Estados a implementarla, teniendo como fecha límite el 20 de agosto de 2012. 
En esta materia, hemos sostenido en diversos foros, que el narcomenudeo en realidad forma parte de la delincuencia organizada, y que la reforma conlleva el espíritu y el objeto de que tanto las autoridades federales como las de los estados ejerzan sus atribuciones de manera concurrente;   consecuentemente, que la Procuraduría General de la República incremente sus acciones en el combate al narcomenudeo y no se interprete la reforma en el sentido de que dicha labor deba quedar primordialmente o en forma casi exclusiva, a cargo de los estados. 
Es claro que para las entidades federativas, se requiere una muy importante asignación de recursos presupuestales, del establecimiento de la infraestructura física, incluyendo laboratorios para exámenes de sustancias en los principales distritos judiciales, de la ampliación de órganos de procuración y de impartición de justicia, de capacitación, y de sistemas para la protección de los jueces que laboren en esta materia.

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
En los cuatro juzgados especializados en justicia para adolescentes que existen en Sonora, se radicaron 1,228 expedientes en el año 2010; en el mismo período se dictaron 1,074 sentencias, que corresponden a 1,325 adolescentes. De las 1,074 sentencias, 1,025 se emitieron en juicios con duración promedio de 3 meses, 9 días y 77 tuvieron duración de más de un año.  Al 31 de diciembre se encontraban 339 expedientes en trámite. 
Respecto de la segunda instancia, en el Tribunal Unitario Regional de Circuito especializado en Justicia para Adolescentes, se recibieron 521 asuntos, se emitió resolución en 330 casos, en 193 se declaró sin materia el recurso. Al 31 de diciembre de 2010, se encontraban en trámite 81 asuntos.
Actualmente están internados en los diversos centros del ITAMA, 514 adolescentes, incluyendo tanto a quienes ya han sido sentenciados, como a los que se encuentran en proceso sujetos al internamiento.
Una de las cuestiones que nos preocupan desde la reforma constitucional, es que limita la posibilidad del internamiento como medida extrema siempre que se trate de mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves, no obstante que era previsible y la realidad desafortunadamente lo demuestra, que existen casos de adolescentes que sin haber cumplido los catorce años, se involucran en la comisión de delitos, en ocasiones utilizados por la delincuencia organizada, y se amerita el internamiento por razones lógicas y humanas para la propia protección y tratamiento del adolescente, claro está con las atenciones profesionales y especialistas que conforme al sistema que prevé la Constitución, deben establecerse. 
En otro aspecto, estimamos que es indispensable el fortalecimiento de los centros de tratamiento y de aplicación de medidas para adolescentes ya existentes, y se requiere abrir nuevos centros en diversas ciudades importantes del Estado, que actualmente carecen de ellos, pues la ley obliga a la prestación de los citados servicios especializados, tanto en internamiento como en externamiento de los adolescentes.
Además, aun está pendiente de que se emita la Ley Federal de Justicia de Adolescentes y por lo tanto, no existen tribunales federales que atiendan esta materia, no obstante que la reforma constitucional que obliga a establecer dicho sistema, se publicó desde el 12 de diciembre de 2005.  El resultado es que sin provisión de recursos por parte de la Federación, continuamos atendiendo y ejerciendo la justicia para adolescentes por asuntos de carácter federal, que equivale al 13 por ciento de los procesos que se siguen en nuestros tribunales.

MATERIA CIVIL
En materia Civil, durante el 2010 se radicaron 8,966 demandas, se emitieron 3,703 sentencias; y 3,504 asuntos concluyeron por diversas causas antes de sentencia. Como es sabido, la duración de los juicios civiles depende de varios factores, como son la actividad que desplieguen las partes, la simplicidad o complejidad de los litigios, y la oportunidad en la emisión de los diversos tipos de resoluciones.
De las 3,703 sentencias, 2,671 se emitieron en juicios con duración promedio de 4 meses y 1,032 se dictaron en juicios con duración de más de un año.

MATERIA MERCANTIL
En el año 2010 se radicaron en todo el Estado 22,825 demandas mercantiles; se emitieron 6,551 sentencias, y 9,458 asuntos concluyeron por diversas causas.
De las 6,551 sentencias, 5,851 se emitieron en juicios con duración promedio de 5 meses, y 700 se dictaron en juicios con duración de más de un año.

MATERIA FAMILIAR
En el año que se informa, se radicaron 19,435 demandas en materia de lo familiar; se emitieron 11,955 sentencias; y 1,616 asuntos concluyeron por diversas causas.
De las 11,955 sentencias, 11,201 se emitieron en juicios con duración promedio de 2 meses, 6 días, y 754 se dictaron en juicios con duración de más de un año.
En materia de justicia familiar, es pertinente destacar que a invitación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, el Poder Judicial integró una Comisión que laboró de manera muy significativa durante varios meses formulando observaciones y propuestas de reformas respecto del Código de Familia. 
Para fortalecer y especializar la impartición de justicia en materia familiar, el 15 de abril de 2010 abrimos el primer Juzgado de lo Familiar en Navojoa, Sonora, y el 21 de octubre del mismo año, abrimos el primer Juzgado de lo Familiar en Nogales, mismas comunidades que necesitaban la creación de estos juzgados. 

SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR
En cuanto a la segunda instancia, en el Supremo Tribunal de Justicia y los cuatro Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, en el 2010 se radicaron en materia civil, mercantil y familiar 2,392 asuntos; se resolvieron 2,073 y al 31 de diciembre 434 se encontraban en trámite.
En contra de tales resoluciones, se interpusieron 650 juicios de amparo y en el mismo período se concedieron 115, lo que significa 5.55% de las 2,073 resoluciones emitidas.

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA
En los Centros de Justicia Alternativa establecidos en Hermosillo, se prestó servicio de asesoría a través de 2,295 orientaciones, de las cuales 1,601 se programaron para proceso de mecanismo alternativo.  En 861 casos las partes asistieron a las sesiones agendadas, que en el año sumaron 943, y 705 culminaron con convenio.

CENTRALES DE ACTUARIOS
En el 2010, en la Central de Actuarios de Hermosillo se realizaron 43,959 diligencias.
En la Central de Actuarios de Ciudad Obregón se realizaron 26,923 diligencias.

LABORES DE PRESIDENCIA.
En el año que se informa, se realizaron 27 sesiones de Pleno y se emitieron 5 acuerdos generales.
Se radicaron y se dio trámite a 1,599 tocas de apelación, habiéndose emitido 10,142 acuerdos. Se atendió la presentación de 258 amparos directos y se proveyó a la rendición de informes correspondientes a 56 amparos indirectos.  En el trámite de los amparos se emitieron 2,035 acuerdos.
Por otra parte, esta Presidencia tuvo participación en 120 eventos consistentes en actos, ceremonias y congresos.  Además, intervenimos en 41 eventos consistentes en foros, talleres y conferencias.
También atendimos en la Presidencia 1,053 audiencias de una o más personas.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIALES.
Este año continuamos con la realización de eventos académicos presididos por juristas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de diversas instituciones de Educación e Investigación, de México y de Sonora, y personal del Poder Judicial del Estado. 
Además, se llevaron a cabo importantes cursos que organizamos en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y otros auspiciados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Asimismo, logramos en coordinación con la Universidad de Sonora, el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal “Dr. Cipriano Gómez Lara” y el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, la exitosa celebración del XVIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal y XII Jornadas de Actualización en Derecho Procesal, que tuvo lugar con más de 600 participantes, los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre, en esta ciudad.
Expresamos nuestro reconocimiento a todos los profesores y conferencistas que compartieron sus conocimientos y experiencias en 84 eventos (cursos, seminarios, conferencias, talleres), que se llevaron a cabo en Hermosillo, Caborca y Ciudad Obregón, sumando un total de  215 días de actividades, con registro de 6,013 asistencias.  Adicionalmente, magistrados, jueces y diversos funcionarios del Poder Judicial asistieron a 18 eventos realizados en otros Estados de la República y en el extranjero, y se apoya económicamente a 77 servidores públicos para la realización de diversos cursos de posgrado.
Hacemos un público reconocimiento a todos los participantes en los eventos realizados, por el entusiasmo, compromiso e interés que demostraron para lograr la capacitación y especialización con el fin de superarse y mejorar la impartición de justicia.   
El informe completo sobre estas actividades, se encuentra ilustrado en nuestra página de Internet y además, consta en el testimonio fotográfico que distribuimos al iniciar este año.

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
Durante el año que se informa, se construyó en Hermosillo, el edificio en el que se amplió el Juzgado Octavo de lo Penal, además que comprende las áreas para la creación del Juzgado Noveno de lo Penal y de los Juzgados de Ejecución de Sentencias.  En el mismo nuevo edificio se reubicó y está funcionando el Centro de Justicia Alternativa que atiende la materia penal.  Próximamente se iniciará la ampliación de los Juzgados Quinto y Sexto de lo Penal.
Asimismo, se realizó la ampliación y remodelación de las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia, y se amplió el archivo general del Poder Judicial.
Por otra parte, en Navojoa contiguo al Juzgado de lo Familiar, se construyó el edificio donde se reubicó al Juzgado de lo Civil, el cual siguió funcionando en el nuevo recinto a partir del 15 de diciembre de 2010.
En Nogales, se remodeló y acondicionó el edificio donde inició sus funciones el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar.
En Cananea, se efectuó la ampliación y remodelación del Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Además, próximamente se licitará la construcción de un edificio en Ciudad Obregón, Sonora, contiguo al Tribunal Regional, donde se establecerán los Juzgados Primero y Segundo de lo Familiar ya existentes en dicha ciudad, y el Juzgado  Tercero de lo Familiar, que será de nueva creación, dadas las crecientes cargas de trabajo, que requieren de este servicio especializado.
Desde el inicio de nuestra gestión, hace cinco años, en respuesta a las crecientes demandas de la sociedad sonorense, creamos los tribunales que han sido necesarios y que en ese período suman doce de primera instancia y uno de segunda instancia. 
Asimismo, hemos sido constantes en la labor de remodelación y de mantenimiento de los recintos judiciales y del mobiliario y equipo de trabajo, para que siempre estén en condiciones dignas y adecuadas a la importancia del servicio jurisdiccional.
En nuestra página de Internet se encuentra el testimonio fotográfico que ilustra los avances en la construcción y remodelación de los tribunales del Estado, y la información de los procesos administrativos y los costos de cada una de las obras, trabajos y adquisiciones realizadas. 

APOYO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DIFUSIÓN.
A través de la Unidad de Apoyo se realiza la publicación del Boletín de Información Judicial, de las listas de acuerdos de los tribunales que aparecen diariamente en la página de Internet; se ofrecen los servicios de la biblioteca jurídica virtual y se difunde a los tribunales información de carácter legal, bibliográfico y jurisprudencial.
Además, la Dirección de Comunicación Social hace la difusión diaria de información y publicaciones relevantes a nivel nacional e internacional, relacionadas con la impartición de justicia. Además, dicha Dirección emitió 167 boletines que se enviaron vía electrónica a 764 entidades públicas, privadas y personas en lo individual, mismos que se publican en nuestra página de Internet, al igual que las notas informativas y culturales, de interés judicial.

VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES.
En el año 2010, la Visitaduría realizó 148 revisiones ordinarias y 2 extraordinarias a los tribunales regionales, juzgados de primera instancia, centrales de actuarios y oficialías de partes.
La información que proporciona la Visitaduría,  relativo a la emisión de los acuerdos y resoluciones, sirve para detectar a las que se emiten dentro de los plazos legales o fuera de los mismos, para tomar las medidas necesarias con el objeto de combatir la dilación o retardo por causas imputables al personal jurisdiccional, y para ubicar en forma concreta las causas de dilación de los procesos, motivadas por la complejidad de los asuntos o por tácticas dilatorias de litigantes.
De acuerdo con lo anterior, los registros que existen en los juzgados que conocen de las materias civil, mercantil y familiar, y conforme a las revisiones practicadas por Visitaduría, se observa que los acuerdos y resoluciones en general se dictan dentro de los términos legales, en porcentajes que fluctúan del 90 al 100 por ciento.
En el área de contraloría, se realizaron 24 revisiones de valores a los Juzgados, 12 revisiones a la contabilidad del Supremo Tribunal de Justicia y 12 al Fondo para la Administración de Justicia.
Durante el período que comprende este informe, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización realizó la auditoría a la gestión financiera y a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Poder Judicial, correspondiente al ejercicio 2009, emitiendo 7 observaciones, mismas que fueron solventadas oportunamente. Respecto del período comprendido de enero a septiembre de 2010, se emitieron 3 observaciones, mismas que fueron atendidas.  Cabe señalar que el ejercicio presupuestal se apegó a la normatividad y existe la documentación comprobatoria de todos y cada uno de los egresos.  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
La información que legalmente estamos obligados a publicar se encuentra en nuestra página de Internet y hemos incrementado la publicación de información que es útil para el conocimiento de las funciones del Poder Judicial.
En el 2010 se presentaron 201 solicitudes de información en nuestra Unidad de Enlace, todas las cuales fueron atendidas de manera oportuna, emitiendo la respuesta correspondiente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión alguno.
En nuestra página de internet se detalla la información del trabajo del Poder Judicial realizado durante el 2010, que hemos presentado de manera concentrada en esta sesión.

Señor Gobernador, Licenciado Guillermo Padrés Elías;
Señor Presidente del H. Congreso del Estado, Diputado Alberto Natanael Guerrero López;
Distinguidos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
Estimados invitados:
Los sonorenses han trascendido en la historia de México y trazado sus destinos.  Tenemos la convicción de que poseemos todas las potencialidades para el desarrollo y el bienestar de la población.
Contamos con valores familiares, la capacidad para promoverlos y la fuerza para contrarrestar las actitudes  y los fenómenos que los afectan.  Se requiere afianzar la cultura de la legalidad, con sentido de respeto y de apoyo recíproco entre las personas.
El compromiso por mejorar la educación, desde la infraestructura física de las instituciones que la imparten, el ambiente de corresponsabilidad y la participación de maestros, alumnos y padres de familia, en todas las formas de relación positiva, es también un valor inmerso en el sonorense, que debe dar lugar a su plena fructificación.
Nuestra comunidad también se distingue por sus actividades productivas y la creación de las condiciones materiales que propician el desarrollo, y busca y requiere la salvaguarda de la seguridad pública y la justicia.
Estas son las esencias que prevalecen en los sonorenses y que los tres niveles de gobierno, han asumido el compromiso de fortalecer.
Están trazadas las políticas y el Gobernador del Estado encabeza las acciones para que Sonora acelere la marcha hacia un mejor futuro.  Sociedad y gobierno necesitan caminar unidos por la promoción de los valores familiares, por la transformación de la infraestructura de las instituciones de educación y la superación de la misma en sus diversos órdenes; por la creación de las condiciones indispensables para satisfacer necesidades sociales y el desarrollo económico, y por tener un Estado donde prevalezca el respeto a la ley.
El ejercicio de la judicatura, no sólo conlleva la obligación de aplicar la ley, pues es preciso entregar todo nuestro tiempo, con plena vocación y concientes de los valores que la comunidad ha puesto en nuestras manos, sobre todo cuando actuamos en procesos por graves transgresiones al orden jurídico y ofensas que flagelan a la sociedad.
Esta es la magnitud y el peso de la responsabilidad de todos los integrantes del Poder Judicial del Estado. 
Nuestra misión es mantener la estabilidad y el buen gobierno en los tribunales, a través de la capacitación y la selección de los mejores elementos; el reconocimiento a quienes cumplen a cabalidad con su trabajo; la vigilancia y disciplina para que prevalezca el correcto ejercicio de la judicatura; así como la creación de las mejores condiciones legales y administrativas, con el fin de eficientar la impartición de justicia.
Ante los fenómenos de la delincuencia que  generan desasosiego y desesperanza en la población, refrendamos nuestra firme voluntad de seguir trabajando de manera intensa, teniendo la honestidad como guía fundamental, en los procesos y resoluciones que nos corresponde emitir. 
De cara a la sociedad, los Magistrados y los Jueces debemos responder como es debido, mediante el estudio y la reflexión, resolviendo los conflictos que atendemos cotidianamente, por más álgidos y trascendentes que sean, en la libertad, el patrimonio y la moral de las personas.
El comportamiento ético, la capacidad para estudiar y comprender los conflictos y la justa aplicación de la ley, conducirá a que cada uno de nosotros y todos como integrantes de la judicatura, logremos día a día, la legitimación ante la sociedad, ante nuestras familias y en la propia conciencia.  Muchas gracias.