La necesaria reforma judicial debe guiarse por principios de honestidad intelectual y de racionalidad, para asegurar a la sociedad un avance, expuso el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), magistrado Max Gutiérrez Cohen.
En la inauguración del séptimo juzgado de lo penal en esta capital, Gutiérrez Cohen indicó que la apertura del mismo se efectuó para atender las cargas de trabajo crecientes, pues en el año 2005 en los 6 juzgados se registró un promedio de 507 asuntos por cada uno y en  2006 ingresaron alrededor de 564 asuntos por juzgado.
Señaló que el trabajo en materia penal se ha intensificado notablemente, pues a nivel estatal en  2006 ingresaron 9,750 asuntos “y para atender las demandas de justicia de la sociedad sonorense, desde el inicio de nuestra gestión, hace ya casi un año, inmediatamente procedimos a reforzar los juzgados en diversos aspectos sustanciales, como son la capacitación y la especialización”. Asímismo “procedimos de  inmediato también  a apoyar a los juzgados con personal especializado para avanzar en el desahogo de los asuntos, con la renovación de equipos de cómputo, adquisición de vehículos para notificaciones y citaciones, entre otras cosas”.
Dijo que se registraron avances “entre los que destaca el hecho de que en el 2006, del total de asuntos radicados, se siguieron 971 casos por la vía sumaria, de los cuales se resolvieron 680  asuntos en períodos de uno a 3 meses, lo cual demuestra que es totalmente factible la resolución de estos juicios en plazos bastante aceptables”.

Reforma judicial, para avanzar no para quebrantar el sistema de justicia
Expresó que “la sociedad sonorense exige con toda legitimación, una mejor administración de justicia y no escatimamos esfuerzos ni recurso humano ni administrativo alguno a nuestro alcance, para aplicarlos en lo absoluto a esta delicada función que está en nuestras manos. En el campo de la reforma judicial, también tenemos muy claro que debemos avanzar para mejorar el sistema de impartición de justicia y en lo que a creación de nuevas leyes se refiere,  siempre hemos tenido la actitud de colaborar en la formación de las iniciativas, y con el Poder Legislati-vo en las deliberaciones en que hemos podido participar, para hacer valer nuestra información, experiencia, puntos de vista y propuestas con el fin de mejorar el sistema de justicia.
“Por eso actuamos y lo seguiremos haciendo, guiados por principios de honestidad intelectual y de racionalidad, para hacer los planteamientos que aseguren a la sociedad un avance con alte-za de miras y basados siempre en la realidad de lo que se  puede y debe hacerse, sin exponer a nuestra comunidad a quebrantos del sistema de justicia, que se puedan traducir en un au-mento en la incidencia delictiva, en impunidad, desatención a las víctimas y en la prolongación de los procesos a períodos mayores a los que actualmente se tienen en la práctica”.
Visualizó al sistema de justicia penal “dentro del gran tema de la seguridad pública, del seguimiento del debido proceso legal, del respeto a las garantías individuales y del resarcimiento de los daños a las víctimas, de las soluciones alternas al proceso cuando las mismas no trastoquen el valor de la seguridad pública, y de la aplicación, en su caso, de la sanción justa y legal a quienes resultan penalmente responsables en la comisión de un delito”. 
Por ello se pronunció “por un razonable y cuidadoso análisis del procedimiento penal, a fin de diseñar reformas que fortalezcan con seguridad la articulación continua de cada acto, tanto los de naturaleza escrita como los de esencia oral, tales como la declaración  del inculpado ante el juez, el desahogo de testimoniales y de careos, las juntas de peritos para discutir sobre puntos controvertidos y la audiencia final del juicio, de manera que la sucesión continua de la fases permitan mejorar la  prosecución  ordenada y equilibrada del proceso hasta resolverse en defi-nitiva, y que todo quede debidamente integrado, para que en los casos de apelación o de amparo, pueda ser exhaustivamente revisado por el tribunal de segunda Instancia o el tribunal de justicia federal.
“Cualquier diseño de normas procesales que se establezca en forma rígida o inflexible y que no garantice la sucesión continua de los actos y audiencias del proceso, contradice el principio de celeridad y conduce a la prolongación del trámite de los asuntos.  Es muy importante puntualizar que el principio de inmediación es esencial en el proceso, pero también es sumamente relevante la articulación continua de los actos, diligencias y audiencias para garantizar la efectiva celeridad. Así, es claro que el proceso solamente puede  avanzar mediante el trabajo diario en el que se realicen en forma sucesiva y continua cada uno de los actos de que se trate, de manera que sólo mediante esa realización de un proceso legal lógicamente ordenado, que se constate y permita acreditar el desempeño de las funciones reales y eficientes del personal jurisdiccional, solo así puede obtenerse el resultado que todos buscamos, que es el de lograr una justicia completa, pronta e imparcial.
“Por ello, la reforma debe ser fincada en principios de racionalidad y de honestidad intelectual, para que se traduzca, como a todos nos interesa y lo pretendemos hacer, en un avance en la impartición de justicia y que no suceda como en otros países, en los que el diseño inadecuado de una reforma constitucional y de leyes secundarias, se traduzca en situaciones de desequilibrio al interior de los procesos, en la prolongación de los mismos con escasos índices de resoluciones definitivas, sobre todo por delitos graves, y en los cuales se detecta que lejos de cumplir con los principios de celeridad, de continuidad y de concentración del proceso, éstos se ven lesionados, afectando a todo el sistema de impartición de justicia, en demérito  de los inculpados, de las víctimas y de la sociedad entera”.
Reiteró la plena disposición de seguir participando en la reforma judicial, como lo han venido haciendo en diversos foros nacionales y locales, y de continuar con el máximo esfuerzo en el compromiso con nuestra comunidad, mediante el trabajo diario a fin de acercarse al nivel de las exigencias de justicia de la sociedad sonorense.
Por su parte, en representación del Gobernador del Estado,  Ing. Eduardo Bours Castelo, el Procurador General de Justicia, licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, reconoció al Poder Judicial:
“Nosotros sabemos, quienes estamos dentro del trabajo de la administración de justicia en sentido más amplio, que el Poder Judicial resuelve aproximadamente el 70% de los casos que se le vienen presentando a pesar del crecimiento que tiene el Poder Judicial en su trabajo, en la carga de trabajo de los juzgados, los secretarios de acuerdos, los jueces, los magistrados y todo el personal hace el esfuerzo y resuelve el 70% de este trabajo. También se habla y también hay que reconocer el esfuerzo del Poder Judicial en materia de las reformas”.
A esta inauguración, donde el Lic. Jaime Arturo Soto Hopkins asumió como juez del juzgado séptimo de lo penal en Hermosillo, asistieron también los magistrados del STJ y regionales; el diputado Héctor Sagasta Molina, representante de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado; licenciado Gilberto Gutiérrez Quiroz, en representación del Presidente Municipal; licenciado Guillermo Molina Elías, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, así como jueces  y servidores públicos.