En el relevante foro “Por una mayor participación política de las mujeres” que se inauguró en esta ciudad, estuvieron presentes el Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador del Estado, la Sra. Iveth Dagnino de Padrés, Presidenta del Sistema DIF Sonora, el Lic. Javier Gándara Magaña, Presidente Municipal de Hermosillo, el Mgdo. Max Gutiérrez Cohen, Presidente del STJ, el Dip. César Augusto Marcor Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, y el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora; Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI; Juan Bautista Valencia, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y Jesús Bustamante Machado, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, entre otras personalidades representativas de instituciones y asociaciones de diversa índole.
El evento fue organizado por la Lic. Patricia Mercado Castro, Directora de “SUMA, transformando para la igualdad”, la Lic. Rocío García Gaytán, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, María de la Paz López, Asesora Regional de ONU Mujeres, Lic. María Antonieta Meraz Carrizoza, Directora del Instituto Sonorense de la Mujer y se celebró en el Club Los Lagos, contando con la presencia estimada de más de 400 personas.
En su participación, el Mgdo. Max Gutiérrez Cohen, Presidente del STJ dirigió el siguiente mensaje:
“En primer término, deseo agradecer y expresar mi reconocimiento a todas las personas representantes de las instituciones que han organizado este evento, y a todas las distinguidas damas aquí presentes. Particularmente, mi agradecimiento a la Lic. Patricia Mercado Castro, quien tuvo la gentileza de invitarme para decir estas palabras.
Es un honor tener la oportunidad de participar en este foro, en el que se abre un importante espacio de reflexión, sobre el potencial de las mujeres tanto en el servicio público como en su vida personal.
Para ello, es pertinente profundizar en el conocimiento de la situación que prevalece, e identificar las políticas y acciones que es necesario trazar y realizar para que tanto en la comunidad como en las diversas esferas de gobierno, realicemos con más firmeza y agilidad los movimientos idóneos para lograr que el respeto, la libertad, la seguridad y la justicia prevalezcan, sin distinción alguna, para todas las personas. 
En este evento, dada la calidad de los participantes, seguramente será fructífera la aportación de experiencias y de múltiples puntos de vista, para fortalecer la cultura y utilizar de la mejor manera posible, las herramientas legales, con el fin de propiciar una mayor participación política de las mujeres.
El papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en nuestra sociedad y en las instituciones, está experimentando, sin duda, grandes transformaciones.
En la actualidad destaca la participación de la mujer en todos los campos laborales y niveles educativos, y es fundamental su función en la formación y educación de las nuevas generaciones. 
Esto ha generado cambios sociales favorables para avanzar en el camino hacia esa igualdad sustantiva que debe existir entre los seres humanos; cambios que, es claro, no existirían sin el esfuerzo de tantas mujeres que han trabajado para lograr el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta labor es parte de un proceso que debe estar en constante evolución, para enfrentar y vencer los mitos, prejuicios y estereotipos socioculturales, que traen como consecuencia diversas formas de discriminación.
La tarea que debe incrementarse en estos momentos, es para eliminar la inequidad entre las personas, con base en el pleno convencimiento de que ello fortalece la moral y la cultura, indispensables para que las mujeres y los hombres vivamos en una sociedad cohesionada y justa, donde entendamos a cabalidad el valor de todas y cada una de las personas.  
La Igualdad entre la mujer y el hombre, en el ámbito Internacional se vio institucionalizada desde 1948 al aprobarse la Declaración de Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas, cuando reconoce: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en Dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros….”.  Expresiones de esta tendencia Internacional son también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, y las Convenciones, Protocolos, Declaraciones y Resoluciones que la comunidad internacional ha aprobado en cuestiones relativas a la igualdad de derechos que debe existir entre ambos géneros y que México ha firmado para constituirlos en Ley Suprema de la Unión.
En el mismo orden de ideas, nuestra Constitución establece en el artículo primero,  el derecho a la no discriminación, y proclama el derecho a la igualdad plena entre el hombre y la mujer en el artículo 4, cuando establece: “ el varón y la mujer son iguales ante la Ley.”
Para dar efectivo cumplimiento a estos mandatos, se aprobaron a nivel federal, la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres y en nuestro Estado, la Ley de Fomento a la Igualdad entre mujeres y hombres, ambas con el propósito de construir una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación. 
No obstante, el marco jurídico apuntado, es claro que todavía falta mucho camino por recorrer. 
Contar con instrumentos legales específicamente creados para atacar la desigualdad es importante para todos, especialmente para quienes tenemos la enorme responsabilidad de impartir  justicia.
Como Institución encargada de proporcionar este importante servicio público, tenemos la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, hacer efectivo el principio de igualdad a que se refieren los artículos 1 y 4 de la Constitución, e incorporar en la labor jurisdiccional los tratados Internacionales que México ha suscrito.
Pero también asumimos el compromiso de impartir justicia, sin discriminación y en ambientes laborales libres de inequidad y violencia.
Así, en el Poder Judicial del Estado de Sonora nos esforzamos para que las personas que trabajan en el mismo, se desempeñen con el máximo de sus capacidades, sin distinción alguna por concepto de género o estereotipos que afecten la igualdad laboral, que debe existir entre  mujeres y hombres. 
Asumimos la obligación y tenemos la plena disposición de mantener la estabilidad y el buen gobierno, a través de la capacitación y selección de los mejores elementos; el reconocimiento de su trabajo y la disciplina para que prevalezca el correcto ejercicio de la judicatura.
En relación con actividades culturales y de capacitación que realiza el Poder Judicial del Estado, y la participación de las mujeres en las mismas, es relevante mencionar que en todos los cursos, talleres y conferencias que realizamos en el Poder Judicial en el 2010, tuvimos el registro de 6,013 asistencias, de las cuales el 57% son mujeres, lo que es una realidad que continúa en el año en curso, en todos los eventos de esa naturaleza que celebra el Poder Judicial. 
Esto demuestra la participación mayoritaria de las mujeres para capacitarse y superarse profesionalmente, en beneficio de la impartición de justicia.  Lo que estamos señalando no es una expectativa, sino simple y sencillamente la verdad de lo que sucede en el Poder Judicial del Estado, en torno de la presencia y el espíritu de desarrollo de las mujeres al servicio de la impartición de justicia. 
Esto ha venido incidiendo en la composición de los órganos jurisdiccionales, pues actualmente el Supremo Tribunal de Justicia se integra por 7 personas, entre quienes se encuentran las Magistradas Sandra Luz Verdugo Palacios e Irma Meza Vega, aquí presentes; ellas son pilares importantes del Supremo Tribunal de Justicia. Además, de los 13 magistrados integrantes de los Tribunales Regionales de Circuito, 6 son mujeres. De los 62 Juzgados de Primera Instancia que existen en el Estado, en 22 de ellos sus titulares son mujeres.  En lo que respecta al resto del personal jurisdiccional, que ocupa las secretarías de proyectistas, de acuerdos y de actuarios, son 488 servidores públicos, de los cuales 299 son mujeres, lo que equivale al 61% de personas que desempeñan estos importantes servicios jurisdiccionales, destacando que todas las personas que ejercen tales funciones cuentan con licenciatura en derecho, y una gran cantidad de ellas cumple además con actividades de capacitación, incluyendo especialidades y maestrías.
En virtud de lo anterior, la realidad es que en el Poder Judicial existe un notorio avance en la participación de mujeres y tenemos claro que la función jurisdiccional debe ejercerse por todas las personas, a partir del principio de honestidad, con capacidad y espíritu de superación en lo personal y en lo profesional, para mejorar la calidad de la impartición de justicia. 
El compromiso es ser más eficientes, fortalecer la independencia de cada persona que actúa con responsabilidad, con el fin de acercarnos a la plena observancia de la disposición constitucional que nos marca la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial.  
El reto en el Poder Judicial es fortalecer el ambiente realizando las acciones necesarias para que cada persona, de acuerdo con su capacidad, sus valores y desempeño cotidiano, cuente con el pleno respeto, el reconocimiento a su labor y el estímulo y oportunidades concretas para su pleno desarrollo, y esto evidentemente trasciende hacia la equidad, la igualdad entre las personas comprometidas en el servicio público y consecuentemente en la calidad de la actividad jurisdiccional. 
Este ambiente que todos estamos obligados a cultivar y a engrandecer, cualquiera que sea nuestra función en las instituciones públicas, también trae consigo el beneficio de que cada persona identifique la forma como puede dar un sentido más positivo a su existencia y tenga a su alcance los medios para lograrlo. 
Es fundamental la realización de acciones concretas y nuestra actitud sólida y congruente, para que mujeres y hombres accedan, con base en sus capacidades y méritos propios, a niveles superiores de la vida dentro de las instituciones, y en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales.
Se requiere avanzar de manera más clara y consistente para construir sólidos puentes entre la realidad que prevalece, y la cultura y las leyes que consagran el valor del respeto entre las personas. 
El único camino es ser congruentes, cualquiera que sea la posición que tengamos en las instituciones y en la sociedad, y actuar comprometidos para lograr al final del camino, la conquista de un lugar común, un espacio construido con base en el valor de la igualdad, de la equidad y en el sentido del pleno desarrollo para todos los seres humanos.
Muchas gracias.”