H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
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Sí habrá recursos para la reforma penal, combate al secuestro y al narcomenudeo
Asegura diputado Humberto Benítez
Hermosillo, Sonora., 10 de Octubre de 2011
- Procuradores y presidentes de tribunales de Justicia acuerdan creación de seis fondos especiales con la Cámara de Diputados
Con el compromiso de gestionar la creación de seis fondos especiales para atender los requerimientos urgentes de procuradurías y tribunales de justicia del país en materia de narcomenudeo, combate al secuestro, oralidad penal y mercantil, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre titulares de poderes judiciales y procuradurías con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Ante Rodolfo Campos Montejo, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que no lo necesitan convencer de las necesidades del sistema de procuración y administración de justicia. “Soy un convencido que para que se resuelva la difícil situación que atraviesa el país es fundamental fortalecer el Estado de derecho y la mejor forma de hacerlo es robustecer a sus instituciones de procuración y administración de justicia”, señaló el ex procurador general de la República.
Rodolfo Campos Montejo, quien encabezó la delegación de funcionarios que se entrevistaron a Benítez Treviño, agradeció la receptividad del legislador federal y el hecho de aceptar la propuesta para la creación de seis fondos especiales para atender la reforma penal que ordena la implementación de juicios orales, el combate al narcomenudeo, el equipamiento de unidades especiales contra el secuestro, la instalación de equipos inhibidores de llamadas desde los centros penitenciarios, la justicia para adolescentes y la oralidad mercantil.
Benítez Treviño indicó que apoyará la propuesta realizada por Campos Montejo y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia para disponer de un fondo de 300 millones de pesos, tal cual ofreció el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Alfonso Navarrete Prida. Asimismo, se comprometió a apoyar las gestiones presupuestales de las entidades del país que así lo requieran con las formalidades del caso, y con ello, impulsar el fortalecimiento de los presupuestos locales.
Falta de ley para adolescentes federal
En compañía del procurador de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, Max Gutiérrez Cohen, presidente del Tribunal de Justicia de Sonora se refirió al narcomenudeo y a la competencia concurrente, a partir del último criterio de la Corte, ya vigente.
Explicó que en 2010 se consignaron diez mil 500 asuntos por este delito y se estima que a raíz de que se determinó la concurrencia, en los estados el 97 por ciento de estos delitos se irán al fuero común a partir del próximo año, con lo que resulta injustificado que se apoye con recursos a la Federación si se está deslindando de responsabilidades.
Baruch Delgado Carbajal, titular del Poder Judicial del Estado de México, señaló que en 2008, la Cámara de Diputados estableció una partida específica de 300 millones de pesos etiquetada a poderes judiciales locales, pero esa medida ya no se repitió en los años subsecuentes. En 2010 y 2011, los diputados optaron por destinar 440 millones de pesos que fueron radicados en la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pero los poderes judiciales tienen acceso muy limitado a esos fondos. De ahí, que propusiera la creación de un fondo especial para el fortalecimiento de los poderes judiciales que permita atender el reto de los juicios orales, además de temas como el narcomenudeo, la justicia para adolescentes y delitos de alto impacto como el secuestro, donde hay competencia concurrente a partir de la nueva Ley General contra el Secuestro.
Durante el encuentro, celebrado en la presidencia de la Comisión de Justicia, la titular del Tribunal de Justicia de Nuevo León, Griselda Guadalupe Buchanan Ortega, indicó que llevamos cinco años sin ley federal en materia de adolescentes, con lo que el Congreso de la Unión está en omisión legislativa.
Además, en el proyecto de Ley de Adolescentes federal se está manejando una vacatio legis de dos años, y con ello, en los hechos la omisión se extendería hasta siete años. Finalmente, por lo que se refiere a la materia mercantil, manifestó que no ha habido una verdadera concurrencia porque la Federación no ha manejado un solo juicio mercantil en años. Y esto impacta a los estados porque el 70% de los asuntos que tramitan los poderes judiciales locales son de materia mercantil.
Seguridad y justicia, las prioridades
Rodolfo Campos estableció que hoy más que nunca el reclamo de los mexicanos es seguridad y justicia, por encima de las preocupaciones económicas y de salud, por lo que agradeció que Benítez Treviño entienda la situación de vulnerabilidad por la que pasan tribunales y procuradurías de Justicia.
Comentó que históricamente se ha registrado un desfase económico en los tribunales de justicia, porque no se les ha fortalecido, lo que se ha agravado con reformas constitucionales y legales que han dado competencias a los poderes judiciales locales, cuyo origen es federal y no han sido acompañadas de mayores recursos. Sostuvo que preocupa la inequidad con que históricamente se han distribuido los recursos, lo cual se manifiesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, donde el 95 por ciento de los recursos para el combate al crimen organizado se asignan al gobierno federal y el cinco por ciento restante se etiqueta para los 32 gobiernos locales.
Inequidad, dijo, que también tiene que ver con el hecho de que la suma de todos los presupuestos de los poderes judiciales locales no llega al 50 por ciento del asignado al Poder Judicial federal.
Sentenció que un principio fundamental es que a mayores derechos, mayores obligaciones y sería justo que ante el cúmulo de responsabilidades haya más recursos.
El procurador de Justicia de Tabasco, Gregorio Romero Tequextle, planteó propuestas concretas para que los estados puedan adquirir equipos inhibidores de llamadas en centros penitenciarios, y para equipar unidades especializadas en combate al secuestro.