Los diputados integrantes de las Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado,  reconocieron el “liderazgo marcado del Poder Judicial” en la elaboración de la  iniciativa de Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, el cual fue aprobado el 15 de diciembre del año en curso.
Después de enumerar todos los desafíos que presenta el nuevo sistema de justicia penal, en la parte expositiva la Comisión indica:
El reto se ve mayúsculo, sin embargo en Sonora ya hemos avanzado. Desde octubre de 2007, una Comisión establecida por acuerdo de los 3 poderes ha trabajado con el liderazgo marcado del Poder Judicial con éxito en el tema, principalmente en la creación de proyectos de nuevas leyes (la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, publicadas en 2008), y desarrolló el Proyecto de Nuevo Código de Procedimientos Penales, entregado recientemente al Congreso y que hoy se presenta como iniciativa.
Vale la pena destacar que la mesa técnica en mención, se reunió como regla general los días martes y jueves de cada semana en la Sala del Pleno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, desarrollando a la fecha más de 152 reuniones de trabajo para la elaboración del proyecto del Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, así como reuniones para los otros cuerpos normativos.
Asimismo, es importante mencionar que el pasado 01 de abril se instaló por parte del Ejecutivo del Estado el pasado 01 de abril la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora, integrada por:

• Poder Ejecutivo: Gobernador, Srio. Gobierno, Procurador, Seguridad Pública, Hacienda, Defensoría de Oficio, Subprocurador de Control de Procesos, Sistema Estatal Penitenciario, y Srio. Ejecutivo de la Comisión;

• Invitados con voz y voto:
  a) Poder Legislativo: 3 diputados (Diputados Damián Zepeda Vidales, Alberto Natanael Guerrero López y José Guadalupe Curiel)
  b) Poder Judicial: Magistrado Max Gutiérrez Cohen, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrados Irma Meza vega, Sandra Luz Verdugo Palacios y Miguel R. Quintana Tinoco.

• Invitados con voz: Colegio de Abogados, y en su caso, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión a representantes de la sociedad civil, así como de otros poderes.

La finalidad de dicho órgano es fungir como una instancia de coordinación interinstitucional que tiene por objeto establecer la política, directrices y seguimiento para implementar el nuevo sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La intención, la cual compartimos, es avanzar con una visión integral en los trabajos de implementación de dicha reforma. En este sentido, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, hemos determinado como nuestra prioridad el desarrollo de los trabajos relacionados con la reforma de justicia penal y lo haremos de manera responsable, con la misma visión integral y plural que se ha acordado entre los tres poderes del estado, convencidos que la forma de avanzar en el tema es de manera conjunta y coordinada.
Tenemos como Comisión y como Congreso el gran reto de sacar adelante en esta legislatura los cambios legales que se requieren para implementar la reforma, aun cuando se determine que entren en vigor en un plazo futuro. Para ello y como muestra de la responsabilidad con la cual será atendido el tema y asegurando el manejo profesional y responsable de ésta reforma, presentamos de manera conjunta, todos los integrantes de la Comisión, de manera plural, como iniciativa el proyecto de nuevo Código de Procedimientos Penales hecho llegar al Congreso por el Poder Judicial, como resultado de los trabajos de los tres poderes.
De igual forma, haremos lo propio en todas las materias y trabajos que deriven de la implementación de la reforma de justicia penal, relacionados con nuestras funciones: legislar, presupuestar y fiscalizar.
Este ejercicio de coordinación, tanto en el tema legislativo como en la implementación, sin duda garantizará la exigencia de la sociedad de respeto a sus derechos, a través de un proceso más transparente, eficiente y ágil, que fortalecerá la relación entre sociedad y gobierno y nos acercará a una cultura de legalidad.
La iniciativa de nuevo Código de Procedimientos Penales presentada hoy como iniciativa y derivada, como ya se mencionó, del trabajo conjunto de los tres poderes del estado, tomó como referencia el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio realizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), con adecuaciones para el estado de Sonora.
Contempla los principios y procedimientos que regirán, de ser aprobado, en el estado de Sonora el nuevo Sistema de Justicia Penal, atendiendo lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Establece de manera clara que el objeto del proceso penal es determinar si se ha cometido un delito a través del esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Asimismo, que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción,  concentración, continuidad, igualdad de las partes e inmediación, en las formas que este Código determine, así como el resto de regulaciones sobre los sujetos procesales, los derechos de las partes, así como todos los procedimientos a seguir en materia penal.
Al respecto, el Magistrado Max Gutiérrez Cohen, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en la presentación del mismo, incluida en la misiva con la cual se hizo entrega a éste H. Congreso del Estado, comenta:
¨La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, regula las bases y lineamientos para que se implemente en todo el país, mediante la creación tanto de diversas leyes federales y locales, como de reformas a múltiples ordenamientos ya existentes.
De conformidad con lo anterior, deben reestructurarse y fortalecerse las instituciones que tienen la función de formar, capacitar y especializar a profesionales del derecho, elementos de policía de diversos niveles, defensores públicos, ministerios públicos, especialistas en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, peritos, jueces y a personal responsable de la ejecución de sanciones y medidas de seguridad.
Todos estos aspectos constituyen ejes indispensables para que se implemente de manera correcta y completa el nuevo sistema de justicia penal.
Además, el proceso de implementación de la reforma debe ser con una clara comprensión de las correlaciones e implicaciones que surgen entre el nuevo sistema de enjuiciamiento penal y el sistema de seguridad pública, considerando los requerimientos en esta materia.
Es indudable que la seguridad pública constituye en nuestra nación, una función fundamental del Estado en los diversos niveles de gobierno, y que la sociedad entera exige justamente soluciones de fondo, sin demérito de lo que a cada ciudadano corresponde hacer para contribuir al mejoramiento de la situación que existe.
Es así como en toda reflexión y planteamiento respecto de las tareas por realizar en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, debemos razonablemente ser congruentes con las funciones y necesidades del Estado en materia de seguridad pública, partiendo de la base de lo que establece la reforma constitucional para regir ambos sistemas y del respeto a las garantías de los inculpados y de las víctimas.
Como es sabido, la reforma constitucional de mérito estableció un plazo de ocho años, que vence el 18 de junio de 2016, para que en toda la República se aplique el nuevo sistema de justicia penal.
El proceso de reforma al sistema de justicia penal en Sonora, inició formalmente el día 12 de octubre de 2007, cuando se suscribió el Acuerdo entre los tres Poderes del Estado, conforme al cual se constituyó una Comisión con el fin de elaborar una propuesta de reforma integral al Sistema de Justicia Penal.
En atención a lo anterior, la citada Comisión que se integró con cuatro miembros designados por cada uno de los Poderes, ha llevado a cabo 152 reuniones de trabajo, en las cuales se han analizado diversos ordenamientos jurídicos tanto nacionales como de otros países, que rigen las materias inmersas en los procedimientos penales, y también se ha trabajado en la creación de proyectos de nuevas leyes, acordes a las realidades de nuestro Estado.
Así, se formaron las iniciativas que dieron lugar a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, ambas para el Estado de Sonora, publicadas el 8 de abril de 2008, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Aunado a lo anterior, es pertinente hacer mención de que recién publicada la reforma constitucional de mérito, participamos en los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), que culminaron con la creación de un proyecto de Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio, el cual se aprobó en la misma Comisión, en el XXXII Congreso realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 15 al 17 de octubre de 2008.
El texto de dicho proyecto y los antecedentes detallados de los trabajos que dieron lugar al mismo, se encuentran publicados desde el mes de noviembre de 2008, en la página de Internet del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora www.stjsonora.gob.mx, en el link de publicaciones.
Además, es importante resaltar que dentro de las labores de la Comisión creada a nivel estatal, que se han realizado para formular el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, se tomó como referencia tanto el Código modelo del proceso penal acusatorio, aprobado por la CONATRIB, como los códigos de otras entidades de la República que regulan el nuevo proceso, y de diversos países que lo han implementado.
A este respecto, es igualmente relevante hacer mención de que por parte del Poder Judicial del Estado, han sido constantes e intensas las actividades a las que han acudido magistrados y jueces, incluyendo al Magistrado Javier Enríquez Enríquez, y a los Jueces Rafael Castillón Gracia, Jesús Manuel Ibarra Carreón y Gabriel García Correa, quienes también son integrantes de la Comisión que trabaja en la elaboración de las reformas.
Así, es considerable la cantidad de eventos que se han estado realizando con el objeto de capacitar a juzgadores del Poder Judicial del Estado, para que funjan como operadores en el nuevo sistema de justicia penal, mediante cursos, talleres y conferencias impartidos por expertos nacionales y extranjeros. Estos eventos se han celebrado en diversas partes de nuestro Estado, en otras entidades de la República y en los países de Estados Unidos, Chile y Colombia. La información sobre estas actividades se encuentra publicada en nuestra página de Internet y continuaremos con ellas en este año 2011 y en los venideros.
Como parte del provecho obtenido de los programas y eventos de capacitación a los que hemos acudido magistrados, jueces y personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado, así como de las propias experiencias como impartidores de justicia y de las que nos han compartido los expertos nacionales y extranjeros, también destacamos que todo ello ha contribuido para que analicemos de manera responsable y con información suficiente, múltiples legislaciones ya existentes y las situaciones concretas de ventajas, retos y problemas implicados en la implementación de la reforma, con el fin de procurar que constituya un avance en el sistema de justicia penal.
La experiencia nos dice que en todo momento de estudio, de discusión y de propuesta, debemos tener presente el valor de las garantías de los inculpados y de víctimas, la necesidad de diseñar un proceso viable y eficiente y de cuidar el equilibrio conforme a la Constitución, con las funciones del Estado en materia de seguridad pública.
Las anteriores son algunas connotaciones que estimamos relevantes en cuanto al proceso que se ha seguido particularmente en el Poder Judicial del Estado de Sonora, con relación a las actividades de capacitación de personal jurisdiccional, y por la influencia que esto tiene en los trabajos en los que constantemente estamos contribuyendo, para la formulación de los proyectos de nuevos ordenamientos legales. Esto es en la inteligencia de que son múltiples las leyes de nueva creación y reformas a las ya existentes, las que se necesitan como ejes para dar cumplimiento a la reforma constitucional.
Uno de estos ejes que es de capital importancia, es el nuevo Código de Procedimientos Penales, advirtiendo que no debe perderse de vista la trascendencia que tiene para una certera implementación de la reforma, el que seamos responsables y actuemos con plena información y sentido de reflexión a profundidad, para comprender lo que establecen los nuevos textos constitucionales y procurar que éstos se mejoren en lo que sea necesario y pertinente, con el fin de garantizar la plena viabilidad de la propia reforma.