DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MAGISTRADO MAX GUTIERREZ COHEN, PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN  Y ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROYECTO DENOMINADO “PROPUESTA DE DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES BÁSICAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, LA NORMATIVIDAD Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN 15 TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA”, LLEVADO A CABO EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, EN AL AUDITORIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.

Distinguidos miembros del presidium:

Mtra. Paulina Grobet Vallarta, Coordinadora General del Proyecto “Propuesta de diagnóstico e implementación de acciones básicas sobre equidad de género en la impartición de justicia, la normatividad y la cultura organizaciones en 15 tribunales superiores de justicia”; Mtra. Fabiola Zermeño Núñez, Coordinadora General de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ, S.C.); Mtro. Moisés Domínguez Pérez, Coordinador del proyecto en EPADEQ; Mgda. Sandra Luz Verdugo Palacios, Enlace del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora en el proyecto; Doctoranda Ana Bertha Antúnez Dávila, enlace externo del Programa de Equidad de Género designada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Señoras y señores magistradas y magistrados, juezas y jueces, secretarias y  secretarios, así como personal administrativo del Poder Judicial del Estado de Sonora:
En primer término deseo agradecer a todas las personas que han contribuido a la realización del proyecto en el que nos comprometimos 15 tribunales superiores de justicia de nuestro país, en sesión de presidentes realizada en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.  Es de destacarse la relevante coordinación del proyecto por parte de la Maestra Paulina Grobet Vallarta y de quienes laboraron en el mismo, integrantes de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ, S.C.) así como de personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado que han tenido una participación decisiva en los trabajos que culminan con el diagnóstico y programa de acciones básicas sobre equidad de género en la impartición de justicia, la normatividad y la cultura organizacional en los tribunales superiores de justicia.
Considero que estamos en un proceso de desarrollo institucional, que requiere toda la atención y el trabajo que es necesario para avanzar en el Poder Judicial del Estado, hacia la igualdad entre las personas, con acciones específicas que trasciendan a la normatividad y a las diversas estructuras humanas, así como al contenido mismo del trabajo jurisdiccional durante los procesos y en las resoluciones que cotidianamente se emiten.
Estimamos que no basta esperar pasivamente a que se den ciertos cambios culturales e ideológicos, como si se tuviesen que producir por sí mismos, para superar estereotipos de desigualdad, o de carácter discriminatorio entre las personas que afecten o puedan afectar a la organización y relaciones entre el personal del Poder Judicial y a la impartición de justicia, desde la perspectiva de las propias relaciones humanas y de los contenidos de las resoluciones que se emiten en los procesos judiciales. 
La sociedad, los gobiernos y primordialmente las instituciones y las personas responsables de la impartición de justicia, debemos percibir con honestidad y claridad, los patrones culturales, formas de pensar y conductas que implican desigualdad y que infrinjan de cualquier manera los derechos humanos, afectando la dignidad y las oportunidades del desarrollo en todos los órdenes posibles.
Nos formamos con la convicción de que el valor de la igualdad entre las personas, en sus derechos y en sus relaciones cotidianas, cualquiera que sea su posición en la sociedad, es cuestión fundamental por la que hay que estar pugnando para que la vida en comunidad sea digna y podamos vencer toda forma de discriminación y de abuso. 
Las instituciones de justicia deben estar integradas por servidores públicos, mujeres y hombres que se consideren como son, iguales en su calidad de seres humanos, que concurrimos en virtud de una misión y propósito común que es el de laborar en un ambiente sano, de armonía y de respeto, para el debido ejercicio de la judicatura.
Pero todo lo anterior implica que quienes así pensamos y actuamos, dejemos prueba palpable de nuestra convicción a través de las acciones concretas que realicemos para avanzar en la impartición de justicia y en lo particular, en cuanto al gran tema que ahora tratamos, en el mejoramiento de las relaciones y el trato entre las personas, de la organización para el trabajo y el contenido de las resoluciones que emitimos día a día.
En este entendimiento esencial, perseveramos en la realización de compromisos que tienen la finalidad de avanzar hacia la igualdad entre las personas, y por ello decidimos participar junto con otros 14 tribunales superiores de justicia de la república mexicana, en el proyecto cuyos resultados se nos han presentado, y más allá de ello, es claro que durante los últimos años hemos estado trabajando en diversos ámbitos para fortalecer la cultura de los derechos humanos y mejorar en lo administrativo y en lo jurisdiccional, procurando la igualdad de las personas en la impartición de justicia.
El contexto nacional y regional en el que recibimos los resultados del Proyecto de diagnóstico para la implementación de acciones básicas sobre equidad de género en la impartición de justicia, la normatividad y la cultura organizacional de este Poder Judicial, es un contexto en el que nos encontramos frente a un cúmulo de reformas de la más alta trascendencia jurídica y social, respecto a las cuales  esta institución ya ha empezado a dar pasos claros de recepción y compromiso. Como signo de esta afirmación, basta con citar nuestro interés para solicitar la realización de este diagnóstico, sin otro propósito que el de reconocer nuestras propias fortalezas y debilidades para transitar, así, con un rumbo más seguro hacia la institución que queremos construir para las próximas generaciones.
Este hecho, por sí mismo, en mi opinión,  da la mejor cuenta de que estamos en la mayor de las aperturas y en la mejor disposición para asumir la responsabilidad que nos corresponde como impartidores de justicia, esto es, como garantes de los derechos de las personas y de la sociedad. Estoy convencido de que la perspectiva de quienes presidimos los tribunales superiores de justicia del país, es de un enfoque transformador de aquellas actuaciones que, por motivos culturales, sociales e históricos, colocan en casos específicos a la mujer en una situación injustificada de vulnerabilidad.  En razón de ello, es que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia tiene un enfoque abierto a las nuevas categorías que la evolución social nos exige y que nos conduzca en forma razonable, clara y segura, al avance en materia de igualdad.
En los tribunales superiores de justicia, particularmente en los 15 que participamos en este proyecto, entendemos las resistencias y reticencias que, eventualmente, este diagnóstico pueda  producir en cada entidad federativa y a mi juicio, merece toda nuestra atención para reflexionar sobre el mismo y valorar su calidad en cuanto a la metodología que se siguió y los resultados que se dan a conocer. 
Creo que cada uno de los integrantes del Poder Judicial, conocemos el ambiente en que nos encontramos en cada juzgado, en cada tribunal y en las diversas áreas administrativas del Poder Judicial, y seguramente tendremos nuestra percepción y criterio sobre cada uno de los aspectos de los resultados del proyecto, aquí presentados, pero lo importante que subrayamos y que debe guiar nuestro quehacer es la convicción de que estamos inmersos en un proceso que tiene como elevado propósito la sensibilización y el avance de la perspectiva que desde lo administrativo y en la solución de controversias, debe existir en función del  valor fundamental de la igualdad de las personas, sin distinción alguna en razón de razas, de religión, o de sexos.
En virtud de lo anterior, es necesario el análisis de los trabajos que se nos presentan, para el reconocimiento de los diversos ámbitos en los que debemos laborar, considerando la propuesta de líneas estratégicas y acciones que se recomiendan, precisamente para contrarrestar las desigualdades que en la actualidad persisten y ante lo cual el derecho y la justicia deben cumplir su misión como verdaderos agentes de cambio.
En este sentido, en los últimos meses, en particular, hemos observado con atención, y actuado en consecuencia, frente a la trascendente reforma para la protección de los derechos humanos aprobada en junio del año pasado, la reforma en materia de amparo, el reconocimiento explícito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo a propósito de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y, en fin, todos esos trascendentes cambios en materia de justicia que implican una labor de divulgación y compromiso sin precedentes con los derechos de las personas, compromiso que, como he dicho, hemos asumido con la mayor responsabilidad y entusiasmo.
Así, en este contexto, hemos iniciado un importante proyecto de formación, capacitación y especialización de los servidores públicos que lo integran que, si bien, se ha intensificado, semestre a semestre, año a año, desde 2006, para el caso particular que nos convoca esta tarde, es muy importante destacar que, en materia de difusión de los derechos humanos y, más específicamente, de la introducción de la perspectiva de género en el ejercicio jurisdiccional, ya hemos realizado diversas actividades.
En efecto, desde septiembre de 2011, a sólo tres meses de la publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y un mes antes del inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, la magistrada Sandra Luz Verdugo Palacios, responsable institucional del Programa de Equidad de Género, emprendió la difusión de estas importantes temáticas en el marco del seminario de análisis jurisprudencial que, semana a semana, desde hace más de diez años, reúne a juezas y jueces, secretarias y secretarios proyectistas y de acuerdos de este tribunal. En este sentido, quiero hacer público mi reconocimiento a los jueces Judith Esparza Lozano, Daniel Murcia Ureña, Mario Alberto Granados Padilla y Manuel Octavio Palafox Ocaña que, no obstante las responsabilidades propias de su investidura judicial, han hecho constar su interés y constancia, semana a semana, a favor de su formación en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Desde luego, este reconocimiento lo hago extensivo a los más de treinta secretarios que asisten semanalmente a este seminario con un claro espíritu de superación profesional y compromiso con los derechos de las personas.
Asimismo, de agosto de 2011 a junio de 2012, 16 juzgadores cursaron el Diplomado en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género, un programa académico de reconocido prestigio internacional impartido con la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. Cito, a continuación, a modo de reconocimiento, a las magistradas, juezas y jueces que cursaron este diplomado, insisto, de alto nivel: Sandra Luz Verdugo Palacios, Adela Ricaud Gamboa, Brenda Guadalupe Neblina Méndez, Elvia Zatarain Andablo, Magdalena Souza Sorovilla, Rosalbina Salgado Contreras, Armando Calvario Parra, Arnaldo Monge Ramírez, Carlos Hiram Millanes Nieblas, Dagoberto Gómez Pacheco, Edgar Didier López Mendívil, Heleodoro Reyes Medina, Jorge Ernesto Soto Domínguez, Luis Miguel Cota Félix, Octavio Castrejón Martínez y Zaíd Ismael Montaño Peña.
A su vez, durante 14 semanas, concretamente, de septiembre a diciembre de 2011, los visitadores judiciales Sandra Alicia Berkowitz Flores, María Luisa López Martínez, Myriam Lizeth Romero Ávila, Manuel Ortega Murrieta y Roberto Carlos Quintana Mondaca, cursaron el curso virtual El acoso sexual y sus afectaciones en al ámbito laboral y en el ámbito de impartición de justicia, organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, e impartido por la consultoría Paasel, S. C.
En esta misma línea, el pasado 7 de marzo, en el marco de la Conmemoración del Día del Juez Mexicano, el Supremo Tribunal de Justicia, en coordinación con el Colegio de Investigadores y Profesores de Derecho Procesal del Estado de Sonora, A. C., organizó la Primera mesa sobre derechos humanos, evento académico presidido por la maestra Sandra Luz Verdugo Palacios y la doctoranda en derechos humanos Ana Bertha Antúnez Dávila, enlace externo del Programa de Equidad de Género designada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuyo objetivo principal fue la divulgación, entre más de un centenar de funcionarios del Poder Judicial, de las implicaciones en el ejercicio jurisdiccional de la  reforma constitucional en materia de derechos humanos ya citada; asimismo, el pasado 21 de abril, las mismas personas impartieron en Ciudad Obregón, el “Taller sensibilización para magistradas y magistrados, juezas y jueces, secretarias y secretarios proyectistas y de acuerdos, en la aplicación de justicia con perspectiva de género”, mismo taller que se impartirá próximamente en Caborca y en Hermosillo.
Finalmente, destaco que, recientemente, el Supremo Tribunal de Justicia adquirió un acervo bibliográfico importante en materia derechos humanos con la finalidad de que sus servidores públicos tengan acceso, a partir de las fuentes más autorizadas, a esta información que desde ahora debe ser parte del lenguaje de nuestras resoluciones.
Es muy importante hacer mención todo el impulso que se ha dado en el Poder Judicial del Estado en los últimos años, para la formación, capacitación y especialización de personal jurisdiccional y administrativo, de los cuales informo los siguientes datos relevantes en cuanto a la participación de los hombres y de las mujeres en todos los eventos que hemos realizado, incluso de quienes han cursado estudios de posgrado o están en proceso de los mismos a niveles de especialidades y maestrías.  Los datos son los siguientes:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
REGISTROS DE ASISTENCIA

61.54% mujeres

ESTUDIOS DE POSGRADO

52.91% mujeres

Por todo lo anterior, el resultado de las labores de capacitación realizadas por el Poder Judicial del Estado y el diagnóstico presentado en esta reunión, que proporciona elementos de juicio y propuestas de acciones, nos permiten avanzar  con la mejor de las intenciones y un alto sentido de transparencia en el ejercicio de la función pública, hacia la equidad de género en los diversos ámbitos ya expresados. Todo esto lo asumimos con el propósito de que el Poder Judicial del Estado de Sonora contribuya al cumplimiento de las obligaciones que, incluso, a nivel internacional, México ha suscrito con la finalidad de, en la expresión del artículo tercero de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,  “asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Muchas gracias.