Lic. Óscar Cuéllar Rosas, presidente del Centro Empresarial del Norte de Sonora; CP Conrado Samaniego Villasana, vocal presidente del ITI; Dip. Fernando Morales Flores, presidente de la Diputación Permanente local; Lic. Max Gutiérrez Cohen, presidente del STJ, y Lic. Oscar de la Cruz Rodríguez, presidente de Iniciativa Juvenil Sonorense

Es sano el interés general por saber cómo se juzga y es necesario seguir avanzando en la transparencia del Poder Judicial, pero también se debe garantizar la protección de la vida privada de los justiciables.
Expresó lo anterior el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), magistrado Max Gutiérrez Cohen, al participar hoy en las jornadas “Transpa-rencia y Sociedad Civil”, que se efectúan como parte del primer aniversario del Instituto de Transparencia Informativa estatal (ITI).
Gutiérrez Cohen recordó que con la reciente reforma al Artículo 6° de la Constitución General de la República, se garantiza la publicidad en los juicios, pero también establece que la vida privada será protegida por las leyes secundarias.
El asunto preocupa a los juzgadores de Sonora y del país y fue tema de la reunión nacional efectuada en julio del presente en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ahí se vio la necesidad de que los legisladores federales y estatales establezcan claramente los términos en que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deba ser protegida, para no vulnerar la vida privada de las partes.
“La experiencia nos dice qué litigios no se deben divulgar para que no se afecte la vida privada, como es el caso de los delitos sexuales y asuntos familiares”, indicó y agregó que ésta no es una materia sencilla, por lo que se requiere la concurrencia de diversos puntos de vista a la hora de crear las citadas leyes secundarias.
El presidente del STJ aseguró que es público todo el aspecto administrativo del Poder Judicial del Estado y en lo jurisdiccional está pendiente el trascendente asunto de la protección a la vida privada.
Reconoció que el acceso a la información pública constituye un instrumento para el desarrollo social y económico  y es saludable para quien solicita información y para la propia función pública porque las instituciones encargadas pueden recibir propuestas de las partes para pronunciarse sobre cuestiones que no habían tomado en consideración.

Indicó que en el año de funcionamiento del ITI, se atendieron las 180 solicitudes de información que recibió el Poder Judicial del Estado, y sólo una respuesta fue materia de recurso de revisión, que se declaró improcedente.