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LESIONES GRAVES. DEBEN TENERSE COMO TALES LAS PENETRANTES DE VIENTRE, AUN CUANDO EL DICTAMEN MÉDICO NO RAZONE PORMENORIZADAMENTE POR QUÉ SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA DEL PASIVO.-Es correcto razonar que está al alcance del común de la gente que las heridas penetrantes de vientre, que interesan un órgano como los intestinos, deben estimarse graves, independientemente de que el dictamen médico cumpla o no su cometido de expresar pormenorizadamente por qué fue puesta en peligro la vida del pasivo.

- Toca Penal No. 2746/91. Noviembre 11 de 1992. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Rubén Lizárraga Méndez.
- Toca Penal No. 63/94. Mayo 9 de 1994. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Miguel Ángel Bustamante Maldonado. Sria. Proyectista: Lic. Ramona Avilés de Rodríguez.

 

LESIONES GRAVES. PARA TENERLAS COMO TALES, ES BASTANTEEL DICTAMEN MÉDICO LEGALEN ESE SENTIDO.-Según lo ha venido estableciendo reiteradamente el Poder Judicial Federal en ejecutorias de amparo, para tener como grave una lesión basta con que el dictamen médico legal sea en tal sentido, sin que devenga necesario acreditar que el pasivo haya estado entre la vida y la muerte, ni la expresión precisa de que la alteración disminuyó gravemente una función vital, máxime si el propio paciente del delito hubo de ser intervenido quirúrgicamente de urgencia recién sucedidos los hechos, tal y como se obtiene a título indiciario, con fundamento en el artículo 276 del Código Procesal Penal Sonorense, de otras pruebas como lo son el parte policíaco y la diligencia de inspección ocular practicada por el agente ministerial averiguador.

- Toca Penal No. 755/93. Marzo 22 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
- Toca Penal No. 877/93. Abril 18 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 1053/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 995/93. Agosto 4 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.

 

MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE. ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS TRIBUNALES DEL PAÍS, SIN DISTINCIÓN DE FUERO, COMPETENCIA 0 MATERIA.-El 27 de febrero y el 29 de junio de 1974, respectivamente, se hicieron importantes adiciones a los artículos 107 constitucional federal y 76 de la Ley de Amparo, tendientes a garantizarla protección de menores e incapacitados, modificaciones que introdujeron toda una nueva perspectiva en tratándose de tales derechos, y que originaron modernos análisis judiciales. Primeramente, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de fallos emitidos entre los años de 1975 y 1981, sentó jurisprudencia en el sentido de que, tratándose de menores e incapaces, los alcances de la suplencia de la queja afectan a toda clase de juicios de amparo y no solamente con respecto a derechos de familia, refiriendo que, según la exposición de motivos de la iniciativa de reformas al artículo 107 constitucional, éstas tuvieron " ... como finalidad inicial la de tutelar los derechos de familia, pretendiéndose crear una institución 'cuya instrumentacíón jurídica adecuada haga posible la satisfacción de derechos mínímos (de los menores e incapaces), necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso'. Sin embargo, en la propia iniciatíva presentada por el Presídente de la República se expresa que la referida adición a la Constitución Federal 'tenderá a lograr en favor de los menores e incapaces la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la expresada institución procesal, invistiendo al Poder Judicial de la Federación que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisís del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad'... "(Apéndice 1985 al Semanario Judicial de la Federación. Octava Parte. Jurisprudencia Común al Pleno y las Salas. Págs. 310-312).
La nueva dimensión protectora en la que así entraron los derechos de menores e incapaces permeó profundamente en la conciencia del Poder Judicial de la Federación, el que, de hecho, a través de su máximo representante y con anterioridad a la iniciativa presidencial (Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación), había establecido con carácter jurisprudencial que "Las disposícíones legales relativas a menores son consideradas como de interés público y por tanto, es improcedente conceder la suspensión contra las órdenes que tiendan a hacer efectivas dichas disposiciones", tesis que sigue vigente y que puede consultarse en el Apéndice recién citado, página 525; pero, con el redimensionamiento protector del que hablamos, asumió una postura aún más proteccionista, determinando el 8 de junio de 1983, al interpretar el artículo 78 de la Ley de Amparo, que la obligación de recabamiento oficioso de pruebas, contenida en dicho numeral, no es únicamente de los jueces federales al conocer de la primera instancia del juicio de amparo, " ... sino también de cualquier autoridad jurisdiccional para allegarse de oficio las pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en juego derechos de menores e incapacitados, pues en ese caso la sociedad y el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos supliendo la deficiencia de la queja para disminuir la natural desventaja en que los menores e incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de carácter privado, son derechos privados de interés público debido al interés que la sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio en que sean parte, de suerte que en esos casos, el aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia de la queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad jurisdiccional que conozca del juicio en que éstos se controviertan" (informe 1983. Tercera Sala. No. 41. Pág. 32).
Tan sólo dos meses más tarde (11 de agosto de 1983, mismo Informe, página 84), la H. Suprema Corte, al efectuar un estudio sistemático de los artículos 107 constitucional, 76 (hoy 76 bis fracción V, en lo conducente), 78 y 79 de la Ley de Amparo, produjo una definición de capital importancia: que los jueces de primero y segundo grado tienen la obligación de suplir la deficiencia de la queja y aportar de oficio las pruebas que se estimen pertinentes, cuando se trata de derechos de menores e incapaces, sosteniendo al efecto que " ... las normas de la Ley de Amparo no sólo son reglamentarias de los artículos 103 y 107 constitucionales, sino de todas las garantías individuales y, por lo mismo, son de superior jerarquía que las disposiciones de los Códigos de Procedimientos del Distrito y de las Entidades Federativas, debiendo acatarse preferentemente sus preceptos..."
Sólo para ofrecer una idea más completa aún de qué tan protegidos se encuentran los derechos de menores e incapaces, es de señalarse que están incluso por encima de los que les siguen en la prelación de los derechos más privilegiados en la legislación mexicana, que son los de los trabajadores, bastando citar en vía de ejemplo que, en términos del artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, los créditos laborales (salarios e indemnizaciones) son preferentes sobre cualquier otro, incluídos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de todos los bienes del patrón y, no obstante ello, el diverso 112 de la misma ley reglamentada establece que pueden ser embargados los salarios de los trabajadores cuando se trata de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos.
Es claro, pues, que los legisladores constitucional federal y de amparo, y el Poder Judicial de la Federación, han proveído lo necesario en el ámbito de sus respectivas facultades, según se explicó, para evitar que los menores e incapaces se vean afectados en sus derechos por deficiencias en el desempeño de quienes los representan en juicio (en los de orden penal, el Ministerio Público), lo que en sí constituye una excepción a la norma general que prohibe rebasar la acusación y mejorar las proposiciones de la Representación Social, pues la regla especial estructurada a partir de los artículos 76 bis (fracción V) y 78 de la Ley de Amparo, y extendida en sus alcances por la H. Suprema Corte de Justicia según se vió ya en esta resolución, autoriza a pasar por alto la primera, precisamente porque la segunda es especial, según lo determinó el citado máximo tribunal en la siguiente tesis de jurisprudencia que, como cada una de las que alcanzan éste rango, obliga, en términos del artículo 192 de la citada ley reglamentaria, a todos los tribunales del país: "DISPOSICIONES ESPECIALES. - Es bien sabido en derecho que las disposiciones especiales, como casos de excepcíón, son derogatorias de las reglas generales que contradicen" (Apéndice 1985 al Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia Común al Pleno y las Salas. Octava Parte, Pág. 194).

-Toca Penal No. 1074/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Salcido.
- Toca Penal No. 999/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 74/94. Junio 17 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
-Toca Penal No. 119/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.
-Toca Penal No. 275/94. Julio 4 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
(En el mismo sentido: Toca Penal No. 325/94, fallado en agosto 4 de 1994).

 

MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE. LA OBLIGACIÓN DE EFECTUARLA NO AUTORIZA A "REPARAR" UNA INFRACCIÓN QUE NO EXISTE.- Aún cuando todo tribunal mexicano está no sólo facultado sino obligado a suplir oficiosamente las deficiencias en que incurran los representantes legales de menores e incapaces -en este caso la fiscalía agravista-, incluso anegándose nuevas probanzas, esa facultad obligación no puede tener el alcance de agravar la situación del reo mediante la enmienda de una infracción que no existe, esto es, cuando no se advierte que se haya omitido indebidamente, en perjuicio del menor o del incapaz, el desahogo de alguna prueba y cuando, a pesar de que los agravios ministeriales son deficientes, el juez natural falló adecuadamente todos y cada uno de los rubros materia de su sentencia.

- Toca Penal No. 1074/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Saicido.

 

MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE EFECTUARLA SI NO HUBO RECURSO DE SU PARTE.- La obligación que, sin distinción de fueros ni materias, tiene todo tribunal mexicano de suplir, en favor de menores e incapaces, las deficiencias en que incurran sus representantes legales en juicio (el Ministerio Público, en materia penal), presupone necesariamente la existencia de una queja, de ahí que tal deber no cobre actualidad en la apelación penal si únicamente el reo se vino en alzada o si el Ministerio Público desistió o abandonó su recurso.

- Toca Penal No. 99/94. Mayo 31 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 412/94. Agosto 3 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Maq. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: Lic. María del Carmen Soto Esquer.

 

MINORÍA DE EDAD MANIFESTADA POR EL REO. CARGA DE LA PRUEBA.- Si en su declaración ministerial o en vía de preparatoria ante su juez el reo manifestó, al proporcionar sus generales, una edad inferior a los 18 años, debe decirse que la carga de demostrar la certeza o la falsedad de ello en el proceso le correspondía al juez y no al presunto menor porque, si resultara cierto, entonces éste no tenía, al delinquir, la edad que como mínima preveía el artículo 112 del Código Penal Sonorense vigente al suceder los hechos averiguados (1 16 del actual) para que a una persona le fuera exigible la responsabilidad penal y, por ende, no debía ser procesado como lo fue, sino tratado conforme a la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores del Estado de Sonora, lo que impide, por razones de seguridad jurídica, fallar en sentencia definitiva de apelación sin antes cerciorarse, a título de diligencia para mejor proveer, de qué edad tenía el reo al delinquir.

- Toca Penal No. 20/94. Mayo 31 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P.Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 494/93. Mayo 31 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 81/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 38/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

MULTA, SANCIÓN PECUNIARIA DE. DEBE SER CONGRUENTE CON LA PELIGROSIDAD SOCIAL.- Igual que sucede con la pena privativa de libertad, la imposición de la pecuniaria de multa debe ser congruente con el grado de peligrosidad social detectado en el reo, de ahí que, si el artículo que sanciona el delito averiguado remite, para efectos de la multa, al ordinal 34 del Código Penal Sonorense, la que se imponga debe ubicarse en los extremos previstos en dicho numeral, ello atendiendo al índice de temibilidad.

- Toca Penal No. 976/93. Abril 18 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Salcido.
- Toca Penal No. 779/93. Abril 18 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
- Toca Penal No. 973/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 1053/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 768/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PARENTESCO EN MATERIA PENAL. NO ES INDISPENSABLE ACREDITARLO CON ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.- Aún cuando no obra en autos un acta del Registro Civil que acredite la condición padre-hija entre reo y víctima, no cabe duda de que el primero es el progenitor de la segunda, según se desprende de sus respectivas declaraciones, en las que cada uno se refirió al otro atribuyéndose tales calidades, e igualmente de la denuncia presentada por quien manifestó estar viviendo en unión libre con un hermano del hoy sentenciado, refiriendo que éste vive en compañía de su hija, la paciente del delito averiguado en la especie. Es puntualmente aplicable al respecto la siguiente tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por su carácter de jurisprudencias, deviene obligatoria para todos los tribunales del país según está dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo: "PARENTESCO PARA LOS EFECTOS DE LA LEY PENAL. - Para los efectos de la ley penal, no es necesario comprobar el parentesco por medio de las actas del estado civil. La ley penal castiga a los responsables de algún delito, cuando media parentesco, tomando en consideración únicamente los vínculos de sangre, conocidos éstos por los inculpados. Las actas del Registro Civil deben tomarse en consideración únícamente para los efectos de las relaciones jurídicas de orden civil, pues la ley penal no puede limitar sus efectos a los acusados que cumplan con las leyes civiles, sino que debe alcanzar a todos los que infrinjan una ley penal, hayan dado o no cumplimiento a las disposiciones que regulan exclusivamente el estado civil de las personas". (Apéndice 1985 al Semanario Judicial de la Federación. Segunda Parte l. Primera Sala. Tesis jurisprudencial 169. Pág. 344).

- Toca Penal No. 999/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francilco Gutiérrez Rodriguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.

 

PELIGROSIDAD SOCIAL. CONFESIÓN SOSTENIDA.- Aún cuando la confesión sostenida es un dato no enunciado en el artículo 53 del Código Penal Sonorense, este cuerpo colegiado, así como diversos tribunales de amparo, han venido estimándolo favorable al encausado cuando no revela una actitud cínica, porque facilita la búsqueda de la verdad y, por ende, la labor de la justicia.

- Toca Penal No. 967/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Salcido.
- Toca Penal No. 45/94. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.

 

PELIGROSIDAD SOCIAL. INESTABILIDAD FAMILIAR DEL REO Y ESTADO NORMAL AL DELINQUIR, APRECIACIÓN ILEGAL DE.-El juez natural asentó como dato desfavorable al reo, sin mayor explicación, " ... que no tiene permanencia ni estabilidad en sus relaciones familiares... " lo que en primer término deviene inmotivado, máxime que un párrafo antes, al exponer el cuadro personal del sentenciado, había referido como estado civil de éste el de casado; pero, si con tal apreciación quiso aludir a que la esposa del propio reo tenía relaciones adúlteras con el hoy difunto, debe decirse que no existe en autos la menor evidencia de que tal situación fuere imputable al encausado y, por lo mismo, es ilegal tenerla como dato que le perjudica. También apuntó el inferior como dato desfavorable al reo que " ... el día de los hechos se encontraba en estado normal, lo que le permitió actuar tranquilamente y con un frio razonamiento para cometer el ilícito...", argumento que este Supremo Tribunal ha venido teniéndole como inadmisible al Ministerio Público, igual que ahora se le tiene al a quo, puesto que en relación con tal circunstancia ningún enjuiciado parece tener escapatoria: si su estado era normal, actuó fríamente; y si andaba voluntariamente briago o drogado, entonces se drogó o se embriagó para derribar las barreras morales que de otra manera le hubieran impedido delinquir, doble posición que -se insiste- resulta inadmisible. Por si ello fuera poco, en la especie es particularmente absurdo afirmar que el hoy sentenciado actuó tranquilamente y con frío razonamiento, acreditado como quedó en autos que su condición era la de marido ofendido, y que el hoy occiso le profería insultos al respecto en lugares públicos y concurridos.

En apoyo de tales razonamientos resulta invocaba la tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente tenor: "PELIGROSIDAD, CONCEPTO DE. (CELOS Y ELUSION DE LA JUSTICIA).- Ejecutar los hechos en pleno juicio, no es dato que sirva para determinar la peligrosidad, máxíme sí son los celos el motivo que impulsó al inculpado a cometer el homicidio, estado de ánimo que íncuestionablemente es producente de un descontrol psíquico que se sufre y que sin lugar a dudas restringe en mayor o menor grado el raciocinio, por lo que el dato de méríto se revierte en beneficio del mismo. El hecho de eludir a la justicia tampoco es índice (sic) de peligrosidad, puesto que es casi natural esa reacción, ya que la libertad es uno de los bienes más preciados del hombre". (Apéndice 1985 al Semanario Judicial de la Federación. Segunda Parte l. Primera Sala. Pág. 376).

- Toca Penal No. 967/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Salcido.

 

PENA, NO PROCEDE AGRAVAR LA, POR ESTIMACIÓN PREPONDERANTE DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL EN EL DELITO DE VIOLACIÓN.- En el capítulo individualizador de las sanciones impuestas en la especie, el juez natural estuvo en lo correcto al no incluir como dato desfavorable la violencia física y moral ejercida por el reo en la comisión del ilícito de Violación, puesto que el empleo de aquélla va implícito en el tipo delictivo; de lo contrario, el a quo habría sancionado jurisdiccionalmente lo que ya está penalizado por el legislador.

- Toca Penal No. 1027/93. Abril 13 de 1994. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Miguel Ángel Bustamante Maldonado. Sria. Proyectista: Lic. Ramona Avilés de Rodriguez.

 

PENA MÍNlMA. SU IMPOSICIÓN NO PUEDE IRROGAR AGRAVIO.-Si la pena de prisión impuesta constituye la mínima legal para el delito cometido, debe confirmarse porque, aún si el juzgador no hubiese atendido en forma completa las condiciones personales del reo, su mayor o menor peligrosidad, los móviles del delito y las circunstancias exteriores de ejecución del mismo, el resultado de un nuevo examen individualizador no podría consistir en la disminución de la pena.

- Toca Penal No. 976/93. Abril 18 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Salcido.
- Toca Penal No. 768/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PERICIAL. DICTAMEN NO IMPUGNADO.- La impugnación que en vía de agravios viene efectuando la defensa respecto del dictamen pericial rendido ante el inferior debe desestimarse por extemporánea, toda vez que, examinados en su totalidad los autos priminstanciales, no aparece que la parte reo haya impugnado en momento alguno el contenido del dictamen en cuestión; ni que, haciendo uso del derecho contenido en el artículo 198 del Código Procesal Penal Sonorense, haya propuesto perito para, en su caso, demostrar que la opinión técnica de que se trata fuere inexacta; ni de que no se le haya dado oportunidad de designar perito, todo lo cual se traduce en un consentimiento y aceptación tácita de lo afirmado por el que dictaminó en autos, tal y como lo estableció la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que seguidamente se transcribe y que, por su carácter de jurisprudencial, es de observancia obligatoria para todos los tribunales del país por así estar dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo: "PERITOS. DICTAMEN NO IMPUGNADO. - Es improcedente el concepto de violación constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del díctamen pericial valorado en la sentencia reclamada, sí dicho peritaje no fue legal y oportunamente Impugnado ante el juez natural". (Apéndice 1985 al Semanario Judicial de la Federación. Segunda Parte II. Primera Sala. Tesis jurisprudencias No. 185. Pág. 403).

- Toca Penal No. 877/93. Abril 18 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 1053/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PERITAJE, IMPUGNACIÓN DE.- Es cierto que la defensa objetó desde el término constitucional el peritaje que obra en autos; sin embargo, ello no le fue de ninguna utilidad a su cliente porque, entonces como ahora, alegó una cuestión estrictamente formal, esto es, ineficacia por haberlo rendido un solo perito, resultando insuficiente tal impugnación para destruir el contenido de la prueba, pues al efecto era menester en primer término el ofrecimiento de perito de su parte y, en segundo lugar, que la opinión que éste emitiera fuere contraria, contundente y concluyente para que, al yuxtaponerla con la que ya existía en autos, ésta última quedara desvirtuada, nada de lo cual se logra con una objeción de tipo formal como la del caso. Es invocaba al respecto la tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naciónquea laletradice: "PERITAJES, OBJECIONES A LOS.- NO es suficiente para desvirtuar un peritaje el que sea objetado simplemente en forma aislada aún cuando esta manifestación sea por escrito sino que es preciso Impugnarlo y ofrecer pruebas tendientes a desvirtuar su contenido". (Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 86. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 76).

- Toca Penal No. 1053193. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PERITO SINGULAR, VALOR DE SU DICTAMEN.- El solo hecho de que en la especie se trate de un dictamen emitido por perito singular no acarrea su ineficacia, puesto que una sanción de tal índole no está contemplada en el Código Procesal Penal Sonorense y, en cambio, en el artículo 275 de dicha ley se dejó libertad a los tribunales para apreciar los dictámenes periciales según las circunstancias del caso, de tal suerte que si el juez natural consideró bastante el rendido en autos para estimar que la alteración de la salud sufrida por el ofendido en virtud de los hechos averiguados puso en peligro su existencia, y no hubo diversa opinión técnica que lo llevara a otra convicción, tal proceder no le es reprochable.

- Toca Penal No. 1053/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PREMEDITACIÓN HOMICIDA NO ACTUALIZADA.- En términos del artículo 256 del Código Penal Sonorense vigente cuando los hechos averiguados en la especie (260 del actual), la calificativa de premeditación se actualiza al lesionar o al privar de la vida después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer, lo que, con vista en las probanzas que integran el testimonio de apelación que se examina, no puede series atribuído a los inculpados apelantes si la mecánica de los mencionados hechos no arroja datos suficientes para estimar que aquellos reflexionaron sobre el homicidio previamente a su comisión, esto es, que transcurrió un tiempo más o menos largo entre la concepción del delito y el momento de su ejecución, durante el cual el autor material hubiere reflexionado y porfiado para llevarlo a cabo, ello con conocimiento corresponsable de los hoy procesados, compañeros de parranda suyos, sino qu la propia mecánica arroja que la decisión de aquél, salvo posteriores elementos de prueba en contrario que se allegaren a la causa, fue súbita, impulsivo, como consecuencia de su avanzda ebriedad y de los pleitos que recién había tenido con el hijo del hoy occiso y con un pariente de éstos, de manera que, aún cuando efectivamente los inculpados apelantes vienen apareciendo como presuntos copartícipes del homicidio averiguado en cambio no les puede ser atribuído, con el mismo carácte presuntivo, ningún conocimiento previo y doloso de la calificativa materia de la formal prisión apelada. Es aplicable, en respaldo de lo aquí sostenido, la tesis jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que seguidamente se transcribe: "PREMEDITACION, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA.- La calificativa de premeditación se constituye con un elemento objetivo y otro subjetivo inseparables: a), el transcurso de un tiempo más o menos largo entre el momento de la concepción del delito y aquel en que se ejecuta; y, b), la reflexión sobre el ilícito que se va a cometer, la que se manifiesta en la persistencia o porfía delictuosa ". (Apéndice 1985 al Semanario Judicial de la Federación. Segunda Parte II. Primera Sala. Tesis jurisprudencial No. 192. Pág. 420).

- Toca Penal No. 38/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PRETERINTENCIONALIDAD NO ACTUALIZADA.- No es cierto que el razonamiento jurídico de las pruebas que obran en autos lleve a concluir que el daño resultante de la conducta del reo fue más gravosa que la intencionalmente querida, si la mecánica de los hechos resultante de ellas permite concluir que, debido a la ira o coraje que lo impulsó a buscar a quienes un mes antes habían agredido a su hermano, en nada reparó cuando, tan pronto como los encontró, se bajó del vehículo en el que circulaba y apedreó repetidamente al occiso y al lesionado, resuelto a todo y sin importarle las consecuencias. Por otra parte, en nada mejora su situación el diverso argumento de la defensa, relativo a que la piedra no constituye un objeto idóneo para privar de la vida a una persona y que en todo caso debió acreditarse la distancia desde la que fue lanzada por el activo y el peso de la misma, puesto que no está en el tipo de objeto que se utilice en la agresión para estimarlo de aquellos que pueden o no causar la muerte de una persona, sino que, más que nada, ello va en función del órgano vital que lesione, y en la especie el objeto con el que se lesionó al occiso tan le interesó órgano vital que le ocasionó la muerte el mismo día en que sufrió la agresión, entre las cuatro o seis horas siguientes, según se desprende de la autopsia ya examinada, en la que además los peritos oficiales concluyeron que la muerte del pasivo fue producida con objeto pesado y contuso, lo que respalda la determinación del inferior en el sentido de que el activo supo que el resultado de muerte era posible y lógico como efecto de la agresión. Es aplicable, como orientadora del arbitrio judicial y avaladora de lo que aquí se expuso, la tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "PRETERINTENCIONALIDAD NO CONFIGURADA.- No existe la preteríntencionalídad si aún en la hípótesís de que el agente no hubiera querido el efecto lesivo que resultó, esta cuestión psícológíca causal queda desvirtuada con la objetividad desplegada, al tirar el dicho agente no sólo un golpe a la víctima, síno, al verla caída como consecuencia de éste, lanzarle otro, por lo que se contradice la ausencia de propósito". (Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 75. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 39).

- Toca Penal No. 129/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

PRUEBAS, VALORACIÓN JURÍDlCA DE LAS.- Si el juez afirmó que el cuerpo del delito quedó acreditado en autos, pero simplemente mencionó, sin análisis alguno, diversas probanzas, invocando enseguida una serie de dispositivos legales a cuyo tenor asegura haberlas analizado y valorado, y dándose luego a la nada jurídica tarea de tan sólo plasmar los hechos que tuvo por demostrados, para terminar adaptándolos a la definición típica delictiva, todo ello sin decir por qué eran de tomarse en cuenta las pruebas de mérito y cuál el enlace lógico y natural que presentaban al ser adminiculadas entre sí, resulta claro entonces que pasó por alto la obligación establecida en el artículo 270 del Código Procesal Penal Sonorense, en el sentido de que "Los tribunales expondrán en sus resoluciones, invariablemente, los razonamientos que hayan tenido en cuenta para hacer la valoración jurídica de las pruebas", porque no basta, para cumplir con ese imperativo legal inexcusable, la simple mención de los elementos probatorios, la afirmación de haberse analizado y evaluado, la mera cita de dispositivos legales y la exposición de los hechos que se tuvieron por demostrados, sino que es necesario plasmar en la resolución el análisis y valoración que se afirma haberse llevado acabo, de ahí que no pueda estimarse válido llegar a una conclusión o resultado sin exponerse los razonamientos que exige el citado artículo 270, cuya primera parte acoge, es cierto, el sistema valorativo basado en el prudente arbitrio del juez y no el distinto de prueba tasada (el reducido a la estimación de las pruebas contenida exclusivamente en la ley), pero, como lo ordena el repetido numeral en su segunda parte ya transcrita, es obligación invariable de los tribunales razonar debidamente su convicción, imperativo que goza de congruencia plena con la Garantía de Legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional primera parte, es decir, la prerrogativa que se traduce en el deber insoslayable que tiene toda autoridad de fundar y motivar sus decisiones. estas, como todo acto humano, pueden ser correctas o incorrectas, pero a quienes resultan afectados les asiste el derecho elemental de saber, mediante las mismas, a ciencia cierta y sin tener que entrar en conjeturas o adivinaciones, qué razonamientos fáctico-jurídicos llevaron a ellas a sus emitentes y, si éstos concuican ese derecho, dejan a aquéllos en estado de indefensión, que es precisamente lo que quieren evitar el multicitado artículo 270 y el precepto constitucional invocado.

- Toca Penal No. 74/94. Junio 17 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Maq. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
- Toca Penal No. 129/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 245/94. Julio 14 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 325/94. Agosto 4 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
- Toca Penal No. 345/94. Agosto 4 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.

 

REINCIDENCIA NO ACREDITADA. AUSENCIA DE AMONESTACIÓN PREVIA.- Si al sumario se allegó testimonio de una sentencia firme previa dictada en contra del reo en diverso proceso penal, pero de aquél no se desprende que hubiere sido amonestado con anterioridad a la comisión del nuevo delito, debe tenérsela como delincuente primario en atención a lo dispuesto en el artículo 16 (primer párrafo) del Código Penal Sonorense en vigor (artículo 17, primer párrafo, del código abrogado por éste).

- Toca Penal No. 200/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.

 

REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE PERSONA INDETERMINADA.- Aunque la condena por concepto de reparación del daño tiene carácter de sanción pública, no puede imponerse sin incurrir en ilegalidad cuando se ignora quién es la persona que ha de recibir el pago, y en la especie, al momento de sentenciarse en el sumario, ello se desconocía, lo que hace irrelevante examinar si están o no acreditados y cuantificados los daños materia de la condena. Es invocaba al efecto el criterio orientador de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que aquí se transcribe: "REPARACION DEL DAÑO, CONDENA VIOLATORIA DE GARANTIAS AL PAGO DE LA, EN FAVOR DE PERSONA INDETERMINADA.- Una sentencia se dicta contraviniendo normas procesales básicas, si incurre en el yerro de condenar al pago de la reparación del daño a favor de 'los deudos del occiso, cuando se demuestre legalmente el entroncamiento', expresión que entraña una condena a favor de persona indeterminada cuando dicha persona acredite una situación que debíó acreditarse dentro del proceso. Se trata, desde el punto de vista técnico, de una condena que no está legalmente fundada ni motivada constitucionalmente". (Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 80. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 47).

- Toca Penal No. 1067/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.
- Toca Penal No. 129/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Roland Fimbres Molina.

 

REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DEL OFENDIDO EN EL DELITO DE HOMICIDIO.- Si, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reiteradamente este tribunal, es ilegal condenar al sentenciado a que repare el daño en favor de persona indeterminada, no menos ilegal resulta decretar tal condena en favor de una persona que ya no existe, como lo es el occiso en el delito de Homicidio, pues de esa manera el reo nunca estaría en condiciones de cumplir tal condena.

- Toca Penal No. 129/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

RESPONSABILIDAD PENAL, LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE RESPONSABILIDAD ADUCIDAS POR EL ACTIVO Y NO PROBADAS, NO IMPIDEN FINCAMIENTO DE.- Si el acusado, al aceptar su participación en los hechos delictuosos, lo que constituye un reconocimiento de su responsabilidad como actor del delito, adujo circunstancias modificativas de responsabilidad que no fueron demostradas en autos, de su exposición se toma únicamente lo que le perjudica, no lo que le beneficia.

- Toca Penal No. 2746/91. Noviembre 11 de 1992. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Rubén Lizárraga Méndez.

 

RETRACTACIONES DE TESTIGO DE CARGO Y OFENDIDO, DURANTE EL PROCESO. SON INVEROSÍMlLES SI NO ESTÁN CORROBORADAS POR OTRAS PRUEBAS.- El hecho de que el testigo de cargo y el propio ofendido se hayan retractado de sus declaraciones iniciales durante el proceso, para manifestar que el acusado no se encontraba en el lugar de los hechos, hace que sus nuevos dichos resulten inverosímiles, máxime si tales retractaciones no fueron corroboradas por ningún elemento de prueba suficiente para desvirtuar sus versiones iniciales, a las cuales se les concedió valor probatorio por el principio de inmediatez, mayormente si se advierte que el testigo y el ofendido trataron de ayudar al activo para eximirlo de su responsabilidad penal debido al aleccionamiento defensivo.

- Toca Penal No. 915/92. Mayo 17 de 1993. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Rubén Lizárraga Mendez.
- Toca Penal No. 1027/93. Abril 13 de 1994. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Miguel Ángel Bustamante Maldonado.

 

RETROACTIVIDAD DE LEYES PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE.- Aún cuando en la especie la confesión del reo fue vertida ante el Ministerio Público sin que estuviera presente el defensor o persona de su confianza, ello sucedió con anterioridad a la reforma constitucional que entró en vigor en septiembre 4 de 1993 y, por lo mismo, el agente ministerial averiguador no estaba obligado a requerir por su designación, como tampoco el juez natural a negarle todo valor probatorio a la confesión con fundamento en el principio de la retroactividad benéfica de la ley, pues la Justicia Federal ha sostenido reiteradamente que las normas procesales, creadas siempre para el futuro, dejan subsistentes todas las actuaciones anteriores a su vigencia, mismas que van causando estado y no pueden ser revocadas ni modificadas sino mediante los recursos legales respectivos.

- Toca Penal No. 980/93. Abril 13 de 1994. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Miguel Ángel Bustamante Maldonado. Sria.Proyectista: Lic. Ramona Avilés de Rodríguez.

 

TENTATIVA, PENALIZACIÓN DE LA (Código Penal Sonorense vigente hasta abril 30 de 1994).- En el artículo 63 del Código Penal Sonorense está dispuesto que al responsable de tentativa se le podrá aplicar hasta la misma penalidad que debiera imponérsele si el delito fuere consumado, resultando así que dicha pena constituye el extremo máximo que se le puede imponer; y, como en el citado numeral no aparece previsto un mínimo de penalidad, debe estarse a los mínimos genéricos, contenidos en los diversos ordinales 23 y 34 del mismo código, esto es, tres días de prisión y una vez el salario mínimo general vigente en esta ciudad cuando los hechos. Ahora bien, y enfocándonos primeramente a la pena de prisión, conocido como es el extremo mínimo de tres días, debe procederse antes que nada a determinar el extremo máximo, esto es, a establecer cuál es la privativa de libertad que se le habría impuesto al reo si hubiera consumado el delito, para luego, dentro de esos márgenes mínimo y máximo, ubicar la sanción correspondiente al autor de la tentativa, acorde con la peligrosidad social previamente detectada en él, debiendo seguidamente procederse bajo la misma técnica para imponer la sanción pecuniaria de multa.

- Toca Penal No. 1028/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.
- Toca Penal No. 160/94. Mayo 24 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez,
- Toca Penal No. 325/94. Agosto 4 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Sria. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.

 

TENTATIVA DE ROBO VIOLENTO Y NO DE HOMICIDIO.- La mecánica de los hechos averiguados arroja un indudable cuadro de Robo con Violencia en Grado de Tentativa, con vista en los artículos 10, 294 y 300 del Código Penal Sonorense, y no de intento de homicidio, pues la clara pretensión del activo era apoderarse ilegítimamente de cosas muebles que en el momento poseía el ofendido, haciendo uso de la violencia moral en primer término -el amago con la pistola- y luego, ante la oposición del propio ofendido, de la violencia física -los disparos con resultado lesivo-, propósito de apoderamiento que no consumó en virtud de una causa ajena a su voluntad, como lo fue la mencionada resistencia (primero verbal y luego física) del paciente del delito.

- Toca Penal No. 21/94. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.
- Toca Penal No. 160/94. Mayo 24 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Maq. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.

 

TENTATIVA DE VIOLACIÓN Y NO ABUSOS DESHONESTOS.- Hay una clara Tentativa de Violación, en términos de los artículos 10 y 213 del Código Penal Sonorense, y no Abusos Deshonestos, si de autos no se desprende que el activo haya ejecutado en la pasivo el " ... acto erótico, sin el propósito de llegar a la cópula... " previsto en el artículo 209 del mencionado código, sino un acto de fuerza física como lo fue el de subirsele al cuerpo y pretender desvestirla sin su consentimiento, desempeño que no constituyó aquél acto erótico -como podría serlo el solo manoseo lascivo o la mera imposición de un cuerpo sobre el otro-, ni pretendía quedar en uno de esa índole, habiendo consistido en un claro principio de ejecución para tener cópula forzada con la ofendida, que no se consumó por una causa ajena a la voluntad del activo, como fue la oportuna intervención del testigo hermano de aquélla.

- Toca Penal No. 1074/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Tránsito Alegría Salcido.

 

TESTIGO SINGULAR. SU DICHO PUEDE TENER VALOR INDICIARIO.- Es cierto que en el artículo 277 del Código Procesal Penal Sonorense se exigen cuando menos dos testigos para poder considerar probados los hechos, pero ello no significa que la declaración de uno solo carezca de todo valor convictivo, pues muy bien puede examinarse con vista en el fraccionado del referido numeral y, en su caso, asignarle determinado alcance indiciario para luego, con fundamento en los artículos 270 y 276 de la misma ley adjetiva, adminiculada con el resto del material probatorio.

- Toca Penal No. 957/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. - Toca Penal No. 1056/93. Mayo 9 de 1994 . Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Ignacio Islas Contreras. Sria. Proyectista: Lic. Silvia Guzmán Partida.

 

TESTIGOS INEFICACES. LAPSO CLAVE NO CUBIERTO.- Es verdad que los testigos cuyas declaraciones se examinan reunen los requisitos del artículo 277 del Código Procesal Penal Sonorense, pero en nada benefician a los inculpados si con ellas no cubren un lapso clave, consistente en los momentos previos, actuales e inmediatamente posteriores a los hechos, de ahí la irrelevancia de la prueba en cuestión.

- Toca Penal No. 1044/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.

 

TESTIGOS PARIENTES DEL OFENDIDO Y TESTIGOS REFERENCIALES, DECLARACIONES DE. PUEDEN TENER VALOR INDICIARIO.- Desde la perspectiva del artículo 277 del Código Procesal Penal Sonorense, un testigo pariente del ofendido debe suponerse, por tal circunstancia, carente de imparcialidad completa (fracción II) y, por ende, con sólo su declaración y la de otro testigo que sí reúna los requisitos del mencionado numeral no pueden considerarse probados los hechos. Sin embargo, sí es órgano de prueba, esto es, a su dicho es jurídicamente posible otorgarle un valor indiciario cuyo alcance debe determinarse con vista en los demás requisitos de la reiterada norma legal, y en la armonía lógica y natural que guarde con otros elementos de convicción, en términos de los artículos 270 y 276 de la precitada ley adjetiva, lo que resulta aplicable también en tratándose de un testigo referencial que expuso lo que le oyó decir al reo, al ofendido o a un testigo presencial.

- Toca Penal No. 1035/93. Marzo 24 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.
- Toca Penal No. 1074/93. Marzo 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista-. Lic. Tránsito Alegría Salcido.
- Toca Penal No. 973/93. Abril 29 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.
- Toca Penal No. 126/94. Junio 17 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente:Mag. Lic. Armida Elena Rodríguez Celaya. Srio. Proyectista: Lic. Francisca Alegría Araiza.
- Toca Penal No. 198/94. Junio 20 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P.Lic. María del Carmen Soto Esquer.

(En el mismo sentido: Tocas Penales Nos. 395/94, 129/94, 345/94 y 84/94, fallado éste último en agosto 4 de 1994).

 

VIOLACIÓN CON FUERZA FÍSICA. AUSENCIA DE LESIONES EN EL CUERPO DE LA OFENDIDA.- Si bien es cierto que en la especie no se dictaminó ni se fedató lesión alguna en el cuerpo de la ofendida, también lo es que nada exige que para la integración del delito de Violación con violencia física deban necesariamente quedar huellas de ella en el cuerpo de la víctima, porque de entenderlo así se llegaría al absurdo de dejarse violaciones impunes ante la falta lesiones en la paciente del delito, como en el caso de la especie en que, según la mecánica de hechos narrada por la ofendida, que debe tenerse por cierta según lo ya razonado en este fallo, no era fácil que se dejaran huellas de violencia en su cuerpo, pues al inicio de tal mecánica el reo la empujó y la hizo caer al suelo, y luego, cuando volvió en sí del desmayo que sufrió en el baño, el activo ya la tenía en la cama completamente desnuda y encima de ella, sin que pudiera evitar la cópula impuesta por el peso del activo sobre ella, lo que en sí mismo no tenía por qué dejar alguna lesión visible en su cuerpo.

- Toca Penal No. 256/93. Mayo 31 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Srio. Proyectista: Lic. Rolando Fimbres Molina.

 

VIOLACIÓN DE IMPÚBER. NEGATIVA INVEROSÍMlL DE CONSUMACIÓN.- Al analizar la versión del reo, de que realizó actos encaminados a la conducta delictiva, pero que consistieron solamente en tomar del brazo al menor, obligándolo a tocar su miembro viril y que el pasivo se asustó y corrió, siendo su acción de carácter íntimo y sin testigos, es más creible y lógica la imputación que le hace el pasivo en el sentido de que lo obligó al sexo oral y no sólo se asustó al sentirse violentado, sino que además sintió asfixiarse, pues no es algo que el menor esté en aptitud de inventar debido a su escasa edad (nueve años), debiendo considerarse además que no imputaría gratuitamente al reo, y que tales imputaciones las sostuvo en el careo con éste.

- Toca Penal No. 901/92. Septiembre 11 de 1992. Primera Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Ignacio Campa García.

 

VIOLACIÓN EQUIPARADA DE IMPÚBER CON ELEMENTO DISTINTO AL MIEMBRO VIRIL, TIPIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DEL DELITO DE.- Tanto la fiscalía como el juez natural hicieron lo correcto al estimar comprobado el sector corporal delictivo con base en los artículos 213 (tercer párrafo, fracción I), 213 Bis y 214, todos del Código Penal Sonorense vigente cuando los hechos, pues la interrelación de dichos numerales, aplicada a la especie, arroja la conducta desarrollada por el activo, equiparada a la violación, consistente en que sin violencia le introdujo a un menor de doce años, impúber por añadidura, por la vía anal, un elemento distinto del miembro vidl, de ahí que sea del todo improcedente la alegación de la agravista en cuanto a que faltó el elemento violencia física o moral, puesto que la conducta de que se trata no la presupone, deviniendo improcedente también la diversa alegación de que si no hubo introducción del miembro vidl no hubo cópula, pues la equiparación que nos ocupa no exige ésta precisamente con el miembro vidl, dado que puede ser con cualquier elemento. En cuanto a la pena privativa de libertad, la imponible en casos como el de la especie debe ubicarse entre los seis y los quince años de prisión de que habla el artículo 213 del mismo código sustantivo, y no conforme a los extremos previstos en el diverso numeral 214 (de dos a doce años), porque, en términos del artículo 58 invocado por la fiscalía, "Cuando un delito pueda ser considerado bajo dos o más aspectos, y bajo cada uno de ellos merezca una sanción diversa, se ímpondrá la mayor" lo que resulta perfectamente aplicable en la especie si, como le ha venido señalando, la víctima no sólo era menor de doce años, sino también impúber.

- Toca Penal No. 99/94. Mayo 31 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.
- Toca Penal No. 119/94. Junio 30 de 1994. Segunda Sala Mixta. Ponente: Mag. Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez. Colaboró en la proyección: P. Lic. María del Carmen Soto Esquer.