La Reforma Penal, publicada el 18 de junio de 2008, comprende diversos aspectos del sistema de seguridad y justicia lo cual representa un gran reto para las instituciones del Estado mexicano en su conjunto.

Esta enmienda constitucional constituye una gran oportunidad para mejorar la imparticion de justicia penal en nuestro pais, a traves de un procedimiento mas transparente, dinamico y garantista, tanto para los imputados como para las victimas, en el que se cumpla con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los danos causados por el delito.

Otro de los retos lo constituye el cumulo de cambios institucionales que es necesario realizar para garantizar el adecuado funcionamiento de los juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecucion de Penas; como es el caso del rediseno del despacho judicial; la construccion y equipamiento de las salas para dichos juzgados; y la inversion en recursos tecnologicos para su operacion, que deben ser claramente cuantificados.

El 18 de junio de 2008, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se reforman los articulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del articulo 73; la fraccion VII del articulo 115, y la fraccion XIII del apartado B del articulo 123, todos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad publica y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases de un nuevo Sistema de Justicia Penal en la Republica Mexicana, de corte acusatorio y oral, distinguiendolo claramente del inquisitivo-mixto que se seguia hasta entonces.